La Ley Estatutaria de Educación, propuesta insignia de Gobierno del Presidente Gustavo Petro, fue presentada en el Congreso de la República y su borrador inicial recogía gran parte de las exigencias del movimiento estudiantil secundarista y universitario, reconociendo la Educación como Derecho Fundamental y por ende especial protección del Estado; rompiendo con la lógica mercantil de la educación como un servicio al cual se accede dependiendo del estatus económico.
Sin embargo, sólo mantuvo su espíritu y esencia hasta su llegada al Senado de la República donde David Luna de Cambio Radical y Paloma Valencia del Centro Democrático, a través de una enmienda, volvieron a mercantilizar la Educación por medio de servicios que podían prestar los privados, pero con recursos públicos (irónico ¿no?) y no siendo suficiente, vincularon al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA poniendo a disposición su presupuesto para que particulares (mercaderes de la educación) pudieran usufructuar del mismo, por medio de la mal llamada Educación Terciaria, que busca incrustarse entre la educación pos secundaria y pos media, pero con el sofisma de ofrecer rutas más flexibles para la formación, pero que en el fondo busca mercantilizar la educación formal y la formación profesional integral.
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