El Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) reglamentado por el gobierno de Iván Duque (Decretos 1649/2021 del MEN y Decreto 1650/2021 del Ministerio de trabajo) es la estrategia con la que se cocina una fórmula privatizadora del sistema educativo colombiano, modifica el derecho a la educación y a la formación profesional integral que ofrece gratuitamente el SENA, y los transforma en servicios estandarizados de evaluación, con referentes que desconocen la realidad productiva del país, tanto en sectores formales como de la economía popular.
En columna reciente del diario El Espectador el señor Carlos Enrique Moreno manifiesta como supuestas bondades del SNC, entre otras: 1) que da señales de formación a partir de las demandas del mercado; 2) asegura la calidad; y 3) promueve la formación a lo largo de la vida. Adicionalmente, asevera con todas sus letras que “para lograr que el nuevo SNC impacte el desarrollo del país tienen que pasar varios eventos. El primero es REFORMAR EL SENA. Hoy solo el 43 % de sus egresados encuentran empleo en aquello para lo que fueron formados.”
Veamos las cosas por su nombre, o mejor por la real intención.
Comencemos por las supuestas señales. El discurso de la pertinencia de la educación ha hecho una larga carrera en Colombia como forma de desprestigio del sistema educativo y así fundamentar reformas. La pertinencia es entendida como la coherencia entre la educación y formación con las necesidades del sector productivo. Sin embargo, la pertinencia se ha entendido siempre de forma unívoca: educación pertinente a x sector.
¿No será que lo impertinente es el modelo económico? ¿Qué juicio de coherencia se le puede achacar al sistema educativo y a la formación profesional en un país que ha destruido su industria y el sector agropecuario? Veamos los datos.
Considerando apenas el período de 2005 a 2021, la participación de la agricultura en el PIB se redujo de 7% a 6%, y en el caso de la industria de 15% a 12%. Por el contrario, sectores privilegiados por los gobiernos del período como el de petróleo, minas y canteras y el sector financiero, mantuvieron o aumentaron la participación. Sin embargo, el sector extractivo apenas empleaba a 196 mil personas y el sector financiero y de seguros a 317 mil personas antes de la pandemia (datos a 2019), mientras que industria y sector agropecuario empleaban a más de 6 millones de personas, siendo menos de la mitad asalariados.
¿Qué tipo de “señales” se crean en un modelo económico reprimarizado y financierizado, que puede generar crecimiento económico, pero no empleo y mucho menos distribución del ingreso? Tal vez las señales de la privatización para ampliar las posibilidades de ganancia de unos pocos, a expensas de la pérdida de derechos de jóvenes, estudiantes y trabajadores.
Otros críticos, igualmente, se rasgan las vestiduras porque las instituciones de educación y formación no generan investigación. ¿Es culpa de las universidades que no haya investigación? No será culpa de los gobernantes que nunca han dado recursos para fomentar la innovación. Ahí está el gobierno de la denominada “economía naranja”: en el cuatrienio de 2018 a 2022 redujo el presupuesto para Ciencia, tecnología e innovación en -12,2% en términos reales.
En el caso del SENA, varios críticos lo han denominado un monopolio; sin embargo, el SENA no genera ganancias para un capitalista, es una entidad pública. Efectivamente, se puede catalogar como un monopolio, pero natural, que garantiza la materialización de un derecho de los trabajadores como es la formación y actualización en ocupaciones y oficios. Lo mismo sería para empresas de agua u otros servicios públicos. El sustento es de eficiencia: la formación profesional requiere de talleres, ambientes de formación, máquinas y personal capacitado para simular el mundo del trabajo. Por tanto, es un tipo de formación costosa solo financiable en la redistribución que hace el estado y esto aplica para muchos países, no es algo exclusivo del caso colombiano.
Lo anterior, para denotar que la calidad de la formación profesional no tiene nada que ver con la competencia, de hecho, tampoco se sustenta en otras formas de educación.
El SNC no tiene por preocupación la calidad de la formación, su intención es desestructurar el andamiaje institucional para ampliar el espectro del negocio en la educación, buscando de contera que los recursos de destinación específica del SENA se transfieran a instituciones particulares que no van a garantizar los estándares de calidad del SENA.
Por último, la denominada “formación a lo largo de la vida” es un eufemismo para la mercantilización del saber, en particular, la obligatoriedad que se asume en el SNC para que cada ciudadano pague por actualizarse en un cargo cada determinado número de años, independientemente de la ocupación que realice. ¿Será que un panadero deja de producir buen pan en cinco años? A quién beneficia tal esquema ¿cuál es la real intención?
Son vendedores de humo dirán algunos, pues el SNC promete lo mismo que el experimento fallido de las competencias laborales. Sin embargo, entre ese humo se esconden los negociantes de la educación, teniendo especial interés en suprimir quizás la institución más querida por los colombianos como es el SENA.
Así, lo primero que debe hacer la sociedad colombiana es DEFENDER EL SENA, solicitar la derogatoria del marco de reglamentación del SNC que impone la OCDE y construir de manera democrática un marco de ocupaciones que respete las distintas formas de educación y propenda por la transformación productiva y el reconocimiento de las diferentes formas de trabajo. La experiencia de la mercantilización de derechos como la salud debería ser un referente para defender un derecho como la formación profesional integral de los trabajadores de Colombia.
SINDESENA JUNTA NACIONAL
