La definición del reciente proceso electoral en el que los colombianos elegimos al sucesor del interpuesto de Álvaro Uribe Vélez, está dejando al descubierto muchas de las razones del hastío que gravitaron al momento de ir a las urnas, muy a pesar de todo el andamiaje de miseria que mediáticamente se utilizó.
Pero, entre ese andamiaje de miserias humanas expuestas, también está la actitud que están asumiendo diversos servidores públicos, puestos en importantes instituciones del Estado, que viéndose derrotados, ahora le apuntan a la generación del caos en dichos organismos o a generar incertidumbre, y, así como el delfín godo Juan Carlos Pinzón se apresuró a oficializar su renuncia a partir del 6 de agosto de 2022, como embajador de Colombia en EEUU, — designación desde la que, al parecer, utilizó para hacerle campaña a Hernández, satanizando al candidato ganador—, o como las versiones que circulan, según las cuales el general Zapateiro también se apresta a abandonar su omnipotente cargo en las fuerzas militares, luego de sus evidentes manifestaciones de animadversión por uno de los candidatos en contienda; también al interior del SENA, se observa una actitud similar de algunos directivos, empezando por el uribista Carlos Mario Estrada Molina, quien ad portas de un crucial proceso de empalme, decide irse de vacaciones, junto con otros directivos que lo siguen en dicha jugadita. Lo correcto en un servidor público preocupado por el futuro de la entidad que ha dirigido es que participe activamente del empalme y especialmente que aporte insumos para el fortalecimiento de la entidad en sus informes de gestión y rendiciones de cuentas.
Pudiera ser comprensible ese sentimiento de derrota desde lo humano si se lo mira como la sensación que produce la inestabilidad laboral para toda aquella franja de servidores de libre nombramiento y remoción o plantas de contratistas al servicio del Estado, pero lo que no tiene justificación alguna es que pese mucho más su rol como fichas políticas de alguien que la labor de servidor público tal y como lo define la propia constitución política en los principios que nos deben regir en todas nuestras actuaciones. Esa nociva inversión de los principios rectores es una de las circunstancias que hemos denunciado hasta el cansancio cuando reclamamos el mérito, la idoneidad y vocación de servicio, así como la autonomía plena para nuestra institución educativa.
Es claro que es rotundamente inconveniente convertir el ingreso al servicio público como la puerta giratoria desde lo privado a lo público, o viceversa, sin que resulten afectados los intereses generales de los colombianos, por todos los vicios que allí se fermentan: clientelismo, corrupción, desvío de recursos, pérdida de curvas de aprendizaje, trampolines, desnaturalización del objetivo público, entre otros.
Rechazamos enérgicamente la jugadita del director Estrada y algunos directivos de la entidad, que en lugar de estar construyendo una propuesta de fortalecimiento del SENA y de la formación profesional para gestionarla con el nuevo equipo de gobierno, se dispongan a abandonar el barco para nunca sentirse subalternos del gobierno legítimamente elegido. Pero, así como criticamos a los que pareciera no importarles la entidad ni el cumplimiento de su deber funcional, también destacamos a aquellos que sin importar las decisiones que se avecinan, continúan desempeñando sus funciones, procurando resultados y trabajando en favor del logro de los planes y objetivos definidos.
Quizá tengan razón aquellos que hoy sintetizan en una imagen el estado de deterioro en que recibiremos nuestro país y preguntamos entonces, cuánta responsabilidad tenemos que endilgarles a todos éstos que hoy denunciamos.
SINDESENA JUNTA NACIONAL
Bogotá, 28 de junio de 2022
