El pasado 18 de noviembre se realizó el primer encuentro nacional de formalización del empleo público organizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, con la participación de las entidades que tienen intervención en el empleo púbico en el país en cabeza del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación DNP, los entes de control Procuraduría y Controlaría General de la Nación, representantes de Consejo de Estado, la Agencia Jurídica del Estado Y Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
El evento inicia con el director del DAFP como cabeza del sector, quien socializa el Plan Nacional para la Formalización Laboral del Empleo Público en Equidad: El cambio en la administración pública ya inició. Función Pública impartió lineamientos para que las entidades puedan iniciar sus procesos de formalización de manera gradual y sistemática.
Menciona que “Este plan no es nuevo, que no es una propuesta nueva, ni es una imposición dictatorial, es el cumplimiento de unas premisas y unos mandatos constitucionales. En los años 90 con el nuevo modelo económico, se llegó a interpretar que los servidores públicos eran ineficientes y en contra del desarrollo de los países, se dijo entonces que había que hacer una gerencia pública con criterios de eficiencia y calidad para reemplazar lo existente y con ello el estado se redujo en su capacidad institucional y su misionalidad. Hoy tres décadas después se demuestra que no es lo privado lo ético y eficiente, el deterioro de la institucionalidad de los ciudadanos cayó a su mínima aceptación. La precarización del empleo, ineficiencia en la prestación del servicio, altos costos, baja cobertura, desconfianza ciudadana, son las premisas hoy en día, y por ello es el momento de reincorporar esos criterios para reivindicar nuestras tareas cotidianas, nuestra actividad como agentes indispensables en el desarrollo del país”.
Menciona una cifra de más de 911 mil contratistas del estado, y algunos de ellos prohibidos por la Constitución ya que se tienen para realizar funciones misionales del estado a nivel nacional y territorial.