Es perfectamente entendible que un proyecto de reforma estatutaria a la educación iba a despertar todo tipo de apetitos dada la composición del sector educativo que se ha consolidado en el país, pero especialmente por la lógica mercantil que lo domina. Convertida la educación en una mercancía, igual que la salud, los negociantes se atrincheran para buscar cómo sacar ventaja del cuarto de hora que tal iniciativa de gobierno les representaría.
Asistimos a la exhibición de diferentes relatos que buscaron, en lo fundamental, “quedarse incrustados” en el sistema educativo que a muchas manos se intentó moldear, pero que lenta y paulatinamente terminó transmutando por completo el propósito de la iniciativa gubernamental de claro horizonte, garantizar progresivamente el derecho a la educación de todos los colombianos. Fueron pocos los relatos que de verdad centraron su participación en la búsqueda de mecanismos que hicieran tangible el derecho a la educación, lograr calidad en la misma, obtener financiación, compromiso y beneficios generalizados para el conjunto de la sociedad. Cada negociante buscó y construyó la redacción que le generara lucro a sus bolsillos; al final, el resultado fue el engendro que motivó las multitudinarias manifestaciones de rechazo ciudadano que se sumaron al llamado de FECODE, SINDESENA y centrales obreras del país y el consecuente hundimiento de tamaño despropósito.
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