Este miércoles, en una conferencia de prensa desde Washington (Estados Unidos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su balance tras la visita de trabajo que adelantó en Colombia entre el 8 y 10 de junio para verificar denuncias de violaciones de los derechos humanos en el marco del paro nacional.
Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos.
Durante su visita, la Comisión recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Entre los resultados de la visita está que la Comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, esto con el propósito de consolidar la paz en los diversos sectores de la sociedad.
El documento de observaciones consta de 48 páginas y, de acuerdo con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, informa sobre graves violaciones de derechos humanos y afectaciones a terceros y formula un abanico de recomendaciones al Estado.
Resaltó también que las jornadas de protesta han sido mayoritariamente pacíficas, con un 89 por ciento de protestas. La Comisión constató con preocupación la presencia de discursos estigmatizantes «que propician un acelerado deterioro del debate público. Es especialmente preocupante cuando proviene de autoridades públicas», dijo Urrejola.
Así mismo, la presidenta informó que se constató un uso desproporcionado de la fuerza, violencia por discriminación, violencia basada en género, contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y aplicación de medidas disciplinarias contra personas electas por voto popular.
«La Comisión ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal», dijo.
Así mismo, señaló que se recibieron graves denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Esto sucedió especialmente en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira y Risaralda.
En reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal
Así mismo, Urrejola manifestó la preocupación de la CIDH por el alto número de reportes de desapariciones y de irregularidades en los traslados por protección, en los que incluso se reportaron hechos que podrían configurar tortura y tratos crueles. «De acuerdo a los testimonios que recibimos, se estaría haciendo un abuso de esta figura, que no tiene un control judicial, lo que permite dejar a la discrecionalidad del policía que la aplica ver cómo trata a la persona», expuso la presidenta.
«La Comisión tuvo noticias de violencia étnico-racial. Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que al menos 82 personas afrodescendientes habrían sido objeto de represión por parte de la Fuerza Pública en parte de las protestas. En Cali y Yumbo, de las 39 personas fallecidas, 11 serían de ese origen racial», expuso, y añadió que también se recibieron reportes de violencia contra personas indígenas.
Sobre los bloqueos, los cuales la CIDH llama ‘cortes de ruta’, el informe de observaciones mencionó que la Comisión pudo observar que las consecuencias de algunos de ellos derivaron «en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad». Se reconoció que ese malestar se originó en «serias afectaciones particulares y colectivas», también se condenó que algunos bloqueos comprometieron gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros.
Frente a esto último, por ejemplo, la CIDH condenó que dos bebés perdieron la vida debido a que por bloqueos no pudieron ser trasladados a centros de atención.
La Comisión calificó de preocupante que «las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo».
El Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta (…), no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta
Al respecto, Urrejola explicó que la protesta social tiene distintas maneras de manifestarse, que requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. «Las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta, el Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta, pero la Comisión constató que algunos de los cortes de ruta han derivado en malestar y ha habido afectación a otros derechos esenciales como la vida».
Añadió que existe libertad para manifestarse de diferentes formas, y que ninguna modalidad de protesta puede prohibirse de entrada, «se debe hacer un análisis caso a caso. El tema central es que no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta; debe evaluarse caso a caso».
El informe también mencionó que hubo denuncias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil sobre la infiltración en las protestas de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos. Se mencionó, así mismo, que el Estado denunció infiltraciones en las protestas de terceros armados, por lo cual ya el Gobierno le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones del caso.
Tras estas observaciones en su visita, la Comisión formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano, las principales fueron:
Promover y reforzar un proceso de diálogo genuino que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación; respetar y garantizar el derecho a la protestas; adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación imparcial; reparar a las víctimas y sus familiares.
Así mismo, adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia, que incluyan mecanismos de denuncia y atención con perspectiva diferenciada de género y étnico-racial.
De otro lado, se recomendó «adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia».
Esto se relaciona con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el año pasado condenó al Estado por haber destituido e inhabilitado a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Aunque este año el Congreso aprobó una reforma promovida por la procuradora Margarita Cabello, diversos expertos han criticado que esa reforma no cumple con las órdenes del fallo.
La CIDH, en sus recomendaciones, también incluyó separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa «a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares».
Frente a la reforma de la Policía anunciada hace unas semanas por el presidente Iván Duque, el comisionado Stuardo Ralón, que estuvo en la visita a Colombia, dijo que lo importante para la Comisión es la sustancia de la reforma, «que el enfoque de las fuerzas policiales que tengan que velar por la seguridad ciudadana sea realizado con el respeto a estándares internacionales«.
«La Comisión insta al Estado a reforzar, desde su más alto nivel, un proceso de diálogo que permita incrementar la confianza en las instituciones estatales. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas, así como el seguimiento de las recomendaciones», concluyó Urrejola.
El comisionado Ralón añadió que las recomendaciones que hizo la Comisión son para que se privilegie el diálogo. «Las recomendaciones son una serie de situaciones inminentemente técnicas, pero lo que prima es que se privilegia el diálogo, haya una escucha lo más amplia posible y se puedan ir implementando en un mecanismo de seguimiento».
Respondiendo a qué podría pasar si Colombia incumple estas recomendaciones formuladas, Urrejola manifestó que el Estado colombiano está sometido a un conjunto de obligaciones internacionales. «Hemos hecho esta visita y establecido las recomendaciones. Continuaremos en un diálogo con el Estado. Algunas son más simples de cumplir, otras más complejas. Entendemos que hay una buena fe por parte del Estado desde que autorizó la visita a Colombia».
Y sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos, cuya creación anunció la Comisión, Urrejola explicó que esto consiste en que habrá un equipo con dedicación exclusiva al seguimiento de la implementación de las recomendaciones.
Con esto se busca, aclaró, generar espacios de diálogo con el Estado para tener una hoja de ruta, mesas de trabajo, cooperación técnica y, eventualmente, visitas posteriores —que requieren autorización del Estado—, a la luz de la hoja de ruta que se establezca.
El comisionado Joel Hernández añadió que el mecanismo tiene como propósito dedicar un equipo especializado para dar una atención puntual y seguimiento a las 40 recomendaciones, «no tiene para nada un concepto de mecanismo de control, es de seguimiento; no tiene otro propósito sino el de ser un coadyuvante del Estado ante las 40 recomendaciones, puede permitir un diálogo fluido entre el Estado, la sociedad civil y la propia Comisión para llevar adelante las recomendaciones».
Ralón agregó que este mecanismo «para nada busca querer favorecer o no el contexto político, es un rigor técnico el que prevalece».
Tomado de:
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/balance-y-recomendaciones-de-cidh-tras-visita-a-colombia-por-el-paro-601384
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