No han pasado tres semanas desde la sanción de la Ley 2155 de 2021 o reforma tributaria 2.0 (inversión social en la denominación oficial), y ya la oficina de planeación del SENA parece haber puesto a andar una medida draconiana de ajuste fiscal que parece incluso superar la regresividad del decreto 371 de 2021 (obra del ex ministro Alberto Carrasquilla) y las propias disposiciones de la reforma tributaria.
Mediante comunicación remitida vía correo electrónico se informó desde la dirección de planeación y direccionamiento corporativo del SENA que «En el marco de la construcción del Plan de Acción 2022, y con el ánimo de generar procesos de planeación acertados y coherentes con el manejo responsable del presupuesto de la entidad para la siguiente vigencia, nos permitimos recomendarles que en tanto se discute el Proyecto de Ley de Presupuesto, en las diferentes estancias del Congreso de la República, cualquier proyección frente a honorarios de contratistas administrativos y de instructores, en todos los programas para el 2022, se realice utilizando los mismos honorarios definidos para el 2021» (Resaltado fuera de texto).
De esta forma la dirección del SENA, descarga en los trabajadores los efectos de una administración adversa al cumplimiento de la misión del SENA, la cual igual se somete a políticas gubernamentales que propenden por el ajuste del gasto, medidas en clara contravía de la alardeada reactivación económica.
En efecto, las consecuencias de la mezcla dañina de una administración que se adecúa a una política económica pro-ajuste fiscal, no afectan únicamente a los trabajadores que laboran como contratistas de la entidad, también a los servidores públicos del SENA y a la sociedad en general. A los servidores públicos se les afecta con la intención manifiesta de la Dirección de no asignar recursos a la negociación colectiva en curso, cargando a ésta el déficit presupuestal anunciado para el 2022.
En vez de reclamar con mayor firmeza la necesidad de aumentar el presupuesto de la entidad para la próxima vigencia cuyo faltante asciende a más de 330 mil millones de pesos, la dirección de la entidad y dependencias como la de planeación plantean acomodar las cifras a través de afectaciones a sus trabajadores y a la propia misión del SENA.
A la disposición regresiva contra los ingresos de los contratistas se deben sumar también la falta de transparencia sobre los recursos dispuestos en acuerdos sindicales sobre bienestar, capacitación, derechos salariales, entre otros que están en un limbo contable ideado por la administración con disculpas en los efectos de la pandemia. Al respecto continuaremos reclamando más información detallada sobre tales recursos y la necesidad de materializar los mismos en derechos de los trabajadores de la entidad.
De esta forma, queda claro que todas estas acciones y sus crueles efectos corresponden con una forma bastante avanzada de adecuación de los recursos de la entidad a los planes anuales de ajuste fiscal que quedaron con mayor protección legal en la reforma tributaria (art. 19).
El ajuste fiscal hace carrera en Colombia con un único fin: proteger los intereses de los acreedores del Estado colombiano, esto es, al sector financiero que lucra a partir de la miseria y la desdicha de la gente. Es ese al final de las cuentas el motivo por el cual se desfinancia una entidad como el SENA, que, de materializarse la carencia de recursos presupuestales suficientes en 2022, tendría que reducir los cupos para formación profesional integral, aplazar o parar la construcción de infraestructura y disminuir gastos para funcionamiento y empleo, como lo ha reseñado la propia administración ante el Congreso de la República.
Consideramos necesario insistir ante la dirección de la entidad y por supuesto ante el Congreso de la República sobre la inconveniencia, injusticia e improcedencia de afectar presupuestalmente a una institución como el SENA. Se está a tiempo de adicionar los más de 330 mil millones de pesos para la vigencia de 2022, recursos que no son una invención, pues corresponderían a las asignaciones dispuestas en la normatividad vigente, la cual ha sido reiteradamente incumplida por las cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no han asignado las garantías establecidas en las Leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016.
Si existe una entidad clave para generar sinergias de recuperación económica, progreso social y beneficios distributivos, esa es el SENA. Cortando derechos a nuestros jóvenes y trabajadores como el derecho a la formación profesional integral o el derecho a un salario digno (como lo pretenden hacer mediante el proyecto de ley 099 de 2021), no vamos a encontrar sendas de progreso y recuperación del tejido social y económico afectado por la pandemia y la crisis. Hay que superar recetas equivocadas que tienen beneficiarios particulares, esto a pesar de ser pregonadas y defendidas en nombre del interés general.
SINDESENA JUNTA NACIONAL
Bogotá, 5 de octubre de 2021
