La CUT y Sindesena le enviamos al Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, una propuesta a fin de que sea valorada para ser incorporada en el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria que se radicará el próximo 20 de julio. El texto de la propuesta enviada es el siguiente:
Asunto: Remisión de propuesta a incorporar en el proyecto de ley de reforma Tributaria (Fiscal) en curso
Respetado señor Ministro Restrepo:
Reciba un cordial saludo de parte de la Central Unitario de Trabajadores – CUT y del Sindicato de Empleados Públicos del SENA – SINDESENA, Organización sindical del SENA que tiene afiliados cerca de 5000 servidores públicos de la entidad.
Ha sido objeto de divulgación y promoción por parte del gobierno nacional, y en particular de la cartera a su cargo, la posibilidad de construcción de una nueva propuesta de reforma tributaria con participación ciudadana. Una forma que nosotros celebramos, por un lado, como aproximación de desagravio ante la fatídica experiencia de la propuesta de reforma tributaria de su antecesor en el cargo, y por otro lado, porque ante las limitantes estructurales y coyunturales del ejercicio democrático en Colombia, hoy más que nunca urgen en nuestro país verdaderas garantías de participación ciudadana en la formulación y construcción de políticas públicas.
También ha sido objeto de divulgación por parte del gobierno nacional la necesidad de garantizar una mayor progresividad y búsqueda de disminución de las desigualdades por medio de la política tributaria. Este es un loable propósito, el cual valga reiterar se sustenta en rigurosos estudios y en los propios hechos que saltan a nuestra vista en el descontento y cansancio que se expresa en las protestas populares.
Es preciso además señalar que el SENA es una entidad fundamental en propósitos como el desarrollo incluyente y la construcción de paz y democracia. Así lo han reconocido diferentes generaciones de trabajadores y demás ciudadanos desde la creación de la entidad hasta la fecha. Sin embargo, el SENA también ha sido una entidad objeto de diferentes amenazas, siendo una de esas el ataque a su estabilidad financiera.
Las reformas tributarias concretadas en las leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016, en gran medida afectaron la sostenibilidad del presupuesto de la entidad bajo una reiterada falsedad en política económica que ha hecho carrera en Colombia: que los recursos parafiscales corresponden a «costos no salariales» y por tanto representan un costo extra y en consecuencia una barrera para la creación de empleo formal.
SINDESENA, La CUT y otras centrales obreras y académicos nunca han aceptado la categoría de “costos no salariales” en prerrogativas de los trabajadores como son las primas, las bonificaciones, las cesantías, los aportes parafiscales y otros derechos que constituyen “salario social” y monetario de los trabajadores. Desvincular los parafiscales de la categoría de salarios ha servido para disminuir las garantías de los trabajadores, en beneficio de los intereses de los empresarios, y en consecuencia para ahondar la grave desigualdad funcional del ingreso en Colombia.
Por otro lado, la concepción de “costos no salariales” y la reiterada disminución de éstos componentes salariales para supuestamente “flexibilizar el mercado de trabajo”, ha naufragado en el mar de las evidencias, pues la afectación a los derechos de los trabajadores con la excusa de disminuir el desempleo o la informalidad ha agravado la desigualdad social pero no ha mejorado los indicadores laborales.
Desde antes de la pandemia, ya Colombia sufría altos niveles de desempleo e informalidad, los cuales mantienen una rigidez a pesar de la pérdida de beneficios como horas extras, recargos y los propios parafiscales. A diciembre de 2019, Colombia registraba una tasa de desempleo de 10,5% e informalidad laboral de 48%. A tiempo reciente (marzo de este año), y sin duda afectados por la pandemia y la disminución de la actividad económicas, estos indicadores subieron a 14,5% y 49%, respectivamente.
De lo anterior se colige que haber disminuido los parafiscales no generó los efectos prometidos en materia de generación de empleo y disminución de la informalidad. La disminución de la informalidad fue despreciable (en 2013 este indicador fue 50,2%), y gran parte del empleo formal creado desde 2012 en adelante ha sido en la clasificación de “trabajadores por cuenta propia”.
Las reformas afectaron la financiación del SENA, el ICBF y el sistema de seguridad social en salud, transfiriendo tales erogaciones a impuestos directos del orden nacional que, bajo la égida de la razón neoliberal, o bien desaparecieron (caso de la Contribución a la Renta para la Equidad o CREE establecido en la Ley 1607 de 2012) o tienden a disminuirse (como el impuesto de renta y complementarios a personas jurídicas) bajo otra premisa cargada de falsedad, según la cual “bajos impuestos directos atraen la inversión”.
Estas reformas, bajo dichas premisas no han servido para dar seguridad presupuestal a la entidad, y tampoco se avizora que lo hagan en el mediano o largo plazo, pues la mayor exposición al ciclo económico sumado al deterioro casi permanente de la base del cálculo de los ingresos de la entidad (primero los 1.4 puntos del denominado CREE y posteriormente la sustitución por el impuesto de renta y complementarios de personas jurídicas) y a los equivocados cálculos en la garantía establecida en la ley, han deteriorado la estabilidad y crecimiento persistente de los ingresos del SENA. De hecho, el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2022 planteó reducir los ingresos de la entidad, asunto que pone en riesgo el cumplimiento de la misión del SENA, y sobre el cual alzamos desde ya nuestra voz de protesta. Esperemos que tal pretensión no se lleve a cabo, pues una reducción presupuestal en las circunstancias actuales, además de impedir la garantía de formación profesional integral de los trabajadores de Colombia, obstaculiza también las posibilidades de reactivación económica.
En razón a todo lo anterior, solicitamos desde la CUT y SINDESENA:
- Que se reconozca el carácter falaz de la proposición sustentada en una teoría económica, según la cual derechos de los trabajadores como los aportes parafiscales, los recargos nocturnos, las horas extras y demás beneficios salariales (monetarios y sociales) constituyen rigideces para el libre funcionamiento del supuesto “mercado de trabajo”.
- Que se reconozca a la luz de la evidencia en los datos oficiales, que las políticas soportadas en la anterior proposición, efectivamente no ha servido para generar trabajo formal digno en Colombia; y que en consecuencia tales políticas solo agravaron la desigualdad en la distribución funcional del ingreso mediante la transferencia de salarios de los trabajadores a las ganancias de los empresarios.
- Que en consecuencia de lo anterior, se retornen estos derechos a los trabajadores de Colombia, y en el caso particular del SENA, se deroguen las disposiciones legales que eliminaron y/o sustituyeron los parafiscales como mecanismo principal de financiación de la entidad.
Esperamos que estas propuestas sean objeto de valoración y sean incorporadas a la propuesta de reforma tributaria que se radicará oficialmente el próximo 20 de julio de 2021.
Atentamente,
Francisco Maltes Tello – Presidente Nacional CUT
Aleyda Murillo Granados – Presidente Nacional SINDESENA
José Diógenes Orjuela García – Secretario General CUT
