Por esta época preelectoral, como ha solido suceder en los últimos 50 años, se acentúa más en Colombia las dificultades para expresar libremente la oposición a este gobierno caducante, resultado de la desacreditada imagen del partido que lo llevó a este rol y la decadencia de sus dirigentes. Muy a pesar de que las democracias modernas se caracterizan precisamente por el accionar en el campo político de más de un partido, como formas de expresión de la pluralidad de ideologías y que constituyen precisamente su esencia, en nuestro país las formas violentas para silenciar a quienes disienten tienden a profundizarse, ante la mirada complaciente de los entes que tienen la obligación de intervenir.
Es así como la obligación de garantizar las condiciones favorables para la expresión política en todas sus formas, la vida y los derechos humanos de cualquier ciudadano del país, sea o no partidario de quienes lo gobiernan; se volvió un canto a la bandera desde el punto de vista del actuar de las instituciones a las cuales le competen y letra inocua para quienes deben aplicar rigurosamente la ley ante hechos que violen la legitimidad y legalidad de estas expresiones en un estado de derecho como el nuestro. Estas omisiones rompen con el concepto de democracia, lo aleja de su contenido medular y lo acerca más al concepto de dictadura que busca por cualquier medio mantenerse en el poder.
Y es precisamente esa situación a la que asistimos hoy en Colombia, cuando conocemos las recientes amenazas de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia a un grupo de activistas, senadores, líderes sociales y sindicales, entre quienes se encuentra el senador Wilson Arias, el compañero Francisco Maltés presidente de la CUT y el compañero Alfredo Mondragón, dirigente sindical de Sindesena y líder social.
No reconocer y facilitar el actuar legítimo de las organizaciones sociales y sindicales y representantes de la legitima oposición a este gobierno, constituye una afrenta a la Constitución, un veto a espacios igualmente legítimos de expresión popular y legal, así como un desconocimiento a la pluralidad de la sociedad mismas. Esta represión, constituye, a la inversa, un aliento descarado a las organizaciones violentas y criminales que actúan a sus anchas sin ningún temor a quien deberían constitucional y legítimamente combatirlas, como es el caso de las autodenominadas Autodefensa Gaitanistas de Colombia, que amenazan sin control.
Desde SINDESENA rechazamos las amenazas hechas por este grupo de ultraderecha a personalidades como Magaly Pino alias la Chiqui, Walter Agredo, Alfredo Mondragón, Darnelly Rodríguez, Francisco Maltes Tello, Wilson Sáenz, José Milcíades Sánchez, Julián Lozano, Alexander López, Carlos García, Jimmy Núñez, Jorge Iván Vélez, Wilson Arias, Isabel Olaya, Alberto Guzmán, Jonhson Torrez, Eufemia Mosquera, Gilberto Pareja, Feliciano Valencia por considerarlos malsanamente como auxiliadores y simpatizantes de grupos guerrilleros de nuestros país, sobre los cuales, además, estas personas han hecho público rechazo de su accionar
La estigmatización de la que estatutariamente y políticamente se denomina oposición política, las campañas violentas, abiertas y camufladas de acoso, persecución social, política y militar de quienes, de manera individual o colectiva, representaban una opción diferente a este gobierno desteñido que acude al autoritarismo como forma de querer frenar la ya alta, cada vez más creciente e irreprimible desaprobación que se manifiesta en todos los renglones.
Exigimos al gobierno nacional, se tomen las medidas en todo sentido necesarias que garanticen la vida y derechos de los anteriormente mencionados, como corresponde en una democracia que debe garantizar la libre expresión y derecho a la oposición de quienes no comulgan con su accionar, cada vez más desaprobado por la ciudadanía en general y desacreditado ante la comunidad internacional.
POR EL DERECHO A LA VIDA Y A LA DEMOCRACIA
SINDESENA JUNTA NACIONAL
Bogotá, 23 de noviembre de 2021
