La reforma tributaria ya tiene texto conciliado y el día de hoy debería ser votado el informe de dicha conciliación.
La frase de cajón sobre las reformas tributarias en Colombia, según la cual una es como entra y otra como sale, aplicó igualmente para la reforma del gobierno de Gustavo Petro. No sólo el monto esperado del recaudo fue objeto de cambio, pasando de 25 billones durante el primer año a 20 billones; también se afectaron medidas como impuesto de renta a pensiones altas, disposiciones sobre beneficios tributarios a las empresas, impuesto a los dividendos, entre otras.
Sin embargo, a pesar de los ajustes, se puede afirmar que es aún una medida progresiva en materia impositiva, muy diferente de la propuesta de Duque y Carrasquilla (centrada en el IVA) que representó la gota que derramó el vaso de las clases populares y llevó a masivas protestas en 2021.
La reforma tributaria representa un respiro para las cuentas fiscales, aprovecha la tributación de un ciclo elevado de precios del petróleo y según el propio gobierno nacional, es la fuente que nutrirá el gasto social que demandará la implementación del plan de gobierno, el cual ya camina en términos normativos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La reforma tributaria se vincula en materia financiera con el SENA, pues como se ha explicado en diversas oportunidades, desde 2012 con la expedición de la Ley 1607, la financiación del SENA pasó a ser mixto y no únicamente con recursos parafiscales. Desde entonces, la participación de los aportes del gobierno nacional representa aproximadamente 57% del total del presupuesto anual de la entidad.
Desmontado el CREE (Contribución a la Renta para la Equidad) mediante la Ley 1819 de 2016, las transferencias de la nación al SENA tienen como fuente el impuesto de renta y complementarios de personas jurídicas, siendo esta una de las fuentes principales del nuevo recaudo, como lo sugieren los textos debatidos en el Congreso de la República.
Un análisis del potencial recaudo, según los datos de la DIAN sobre recaudo de impuesto de renta y en línea con lo dispuesto en los textos de la reforma tributaria, permite inferir que aproximadamente la mitad de los recursos extra esperados, serán por cuenta del impuesto de renta a empresas, teniendo esto explicación en las sobretasas definidas sobre el sector petrolero y financiero, dos de los grandes ganadores del contexto reciente de pandemia y postpandemia marcado por altas tasas de interés, depreciación del tipo de cambio, alta inflación y elevados precios de la energía. Un contexto sin duda definido por conflictos de la esfera geopolítica, de la cual son representativos la guerra en Ucrania y la crisis del offshoring por la disputa entre Estados Unidos y China.
Ahora bien, un cálculo aproximado de los recursos adicionales que podría recibir el SENA por cuenta de la reforma tributaria, permitiría vislumbrar un crecimiento real de aproximadamente 10% en el presupuesto de la entidad para 2024. Sin embargo, este cálculo resulta subestimado hasta no conocer en detalle el recaudo esperado, y de hecho también resultaría muy bajo ante las necesidades que tendrá la entidad en los próximos años para materializar apuestas en sectores como agricultura, industria y transición energética, así como la inversión adicional para materializar su presencia y atención a las economías campesina y popular y aportes concretos a la paz total.
A estos recursos que le corresponderían por Ley, se debería sumar el pago de la deuda que tiene el gobierno nacional con la entidad por cuenta de los recursos no girados y consecuente incumplimiento de la garantía presupuestal definida en las Leyes 1607 y 1819, que totalizarían aproximadamente 3,5 billones de pesos, los cuales podrían ser amortizados en varias vigencias (una propuesta que realmente viene del gobierno anterior, pero que no se materializó).
Se espera que el mayor recaudo de impuestos directos y el crecimiento de la participación que le corresponde al SENA contribuyan a la materialización del derecho a la formación profesional integral de los trabajadores y que, al ser recursos de destinación específica, contribuyan igualmente al crecimiento de la inversión social en un país con altos niveles de desigualdad y pobreza.
SINDESENA JUNTA NACIONAL
Bogotá, 15 de noviembre de 2022
