Ante las múltiples denuncias sobre conductas ilegales cometidas por algunas empresas que pretenden limitar el voto libre de las personas que trabajan para ellas y que están circulando por redes sociales, la CUT las rechaza de forma vehemente e insta a las autoridades a llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
Son varias las violaciones a la ley laboral cometidas por las empresas en este proceso electoral:
- La violación del principio de igualdad, previsto en el artículo 13 constitucional, que prohíbe la discriminación por opinión política y que ordena igualdad de trato ante derechos, libertades y oportunidades. Es decir, a ninguna empresa le está permitido influir en las decisiones políticas libres y autónomas de sus trabajadores, y menos a condicionarlas con presiones indebidas o amenazas.
- El empleador viola sus obligaciones en el trabajo cuando pretende afectar las creencias y convicciones de las personas que laboran. Así el artículo 57 numeral 5 del Código Sustantivo del Trabajo incorpora una prohibición especial a los empleadores y los obliga a “Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos”.
- Es violatorio del artículo 258 de la Constitución, según el cual el derecho al voto es un derecho y un deber ciudadano, el anuncio de algunas empresas que no concederán el tiempo necesario a los trabajadores para ir a votar el domingo 29 de mayo. Según el artículo 57 numeral 6 de las obligaciones especiales del empleador “Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio”. Es decir, todas las y los trabajadores tienen el derecho de acudir a sus puestos de votación sin temor a represalias por parte de su empleador.
- La imposición de una opción política, como cuando por ejemplo expresan, “si gana tal candidato cierro la empresa” es una clara violación de la Constitución Política y además del artículo 59 numeral 5 que incorpora las prohibiciones a los empleadores entre ellas las de “5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio”.
- No es posible que las empresas se utilicen para el proselitismo político en los sitios de trabajo. De acuerdo con el artículo 59 numeral 5 son prohibiciones a los empleadores “6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo”.
Todo esto está ocurriendo y se está conociendo públicamente y a pesar de ello el Ministerio de Trabajo no ha emprendido ninguna investigación para sancionar este incumplimiento grave de obligaciones y prohibiciones por parte de los empleadores ytampoco hemos visto y escuchado a los gremios económicos condenando estas conductas de algunas de sus afiliadas reprochables ética, política y jurídicamente.
Pero no solo se trata de violaciones a la ley laboral, también se podrían estar cometiendo delitos como:
- Constreñimiento al sufragante (artículo 387 código penal), cuando las empresas valiéndose de la posición dominante que le permite la subordinación laboral amenazan o presionan a las personas que trabajan para ellas para que voten por una determinada candidatura.
- Fraude al sufragante (artículo 388 código penal), por las maniobras de propaganda y noticias engañosas dirigidas a cambiar la voluntad de los electores.
- Y también se conocen casos de corrupción al sufragante (artículo 390 código penal), cuando se ofrecen beneficios laborales para que se vote por una determinada candidatura.
En este caso, tampoco vemos actuando a la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que dice contar con una unidad especial de investigación de delitos electorales.
Exigimos del Ministerio del Trabajo y de Fiscalía General de la Nación que inicien investigaciones con la información que es pública y la que desde las organizaciones sindicales haremos llegar
Esperamos que los gremios empresariales, que dicen estar comprometidos con la democracia, hagan un llamado público a sus afiliadas para que respeten el voto libre de sus trabajadoras y trabajadores.
JUEGO LIMPIO le reclamamos a las empresas, diligencia y transparencia a las autoridades, observación y denuncia de irregularidades a los trabajadores y trabajadoras.
