El problema fiscal que amenaza la garantía del derecho a la formación profesional integral en 2025
En múltiples ocasiones hemos señalado la importancia de abrir un debate ciudadano sobre las raíces del problema fiscal en Colombia. El mal llamado «servicio» de la deuda, sumado al pesado lastre de la guerra, representan los principales frenos para el fortalecimiento de la inversión social, tan necesaria para el desarrollo socioeconómico del país.
El reciente rechazo a la Ley de Financiamiento demuestra, una vez más, la gravedad del problema distributivo en Colombia. Mientras el capital financiero consume cerca del 25% del presupuesto público, los sectores más privilegiados —como los grandes capitales y el sector extractivo— continúan capturando el poder legislativo e incluso, aparentemente, el sistema judicial. Esto impide la implementación de reformas tributarias equitativas y la destinación de los recursos del presupuesto a lo realmente importante: la inversión social y de la infraestructura física para la garantía de derechos. Es verdad que la Ley de financiamiento solo aliviaría parcialmente el déficit fiscal, pues la magnitud del problema es evidente: el presupuesto enfrenta un déficit contable de 12 billones de pesos (para esto era la Ley de financiamiento), pero la realidad es que faltan cerca de 50 billones para cubrir las necesidades presupuestarias en el corto plazo.
Para 2025, mientras se destinarán 112 billones de pesos al servicio de la deuda pública, la inversión total en la economía colombiana no superará los 80 billones de pesos. Aunque un posible incumplimiento del pago de la deuda (default) podría ser una alternativa, es también verdad que esta decisión encarecería la financiación del déficit fiscal creciente. Así las cosas, nuestra posición y llamado al gobierno nacional es que haga un ejercicio pedagógico de cara a la ciudadanía sobre los reales problemas fiscales y sus razones de fondo, de lo contrario las carencias y promesas incumplidas —si se toman como genuinas— que son consecuencia directa de las exigencias de los acreedores del Estado colombiano y de una sociedad desigual, en medio de una dinámica constante de desinformación, puede ser peligroso en materia política.
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