ASUNTO: Acción Pública de Inconstitucionalidad
Respetada Magistrada Cristina:
Los trabajadores del SENA adscritos a los centros de formación ubicados en las zonas periféricas de la nación y cobijados bajo los decretos 1014 de 1978 y 415 de 1979, actuando en función de acción colectiva y popular, y en legítima defensa de los derechos como funcionarios emitimos el siguiente comunicado en reacción a la demanda interpuesta por el accionante, MIGUEL ANGEL SANCHEZ LARA.
¿Es posible pensar que las poblaciones de las zonas “periféricas” del territorio nacional, tengan la necesidad histórica del reconocimiento expreso en políticas públicas que se destaquen por el advenimiento de una desigualdad evidente de unos pueblos respecto de otros en Colombia?
La pregunta que se plantea es amplia para pensarse, probablemente, un proyecto de investigación de magnitudes claves para describir el campo de las discriminaciones positivas, reconocidas hoy por su labor de reparación a grupos y personas en desventaja histórica en los estados nacionales del mundo moderno industrial, o postmodernos y post-industriales, como se plantean desde autores de las ciencias sociales occidentales. No es ese el propósito de conversarlo en este documento, pero sirve de inspiración que los datos descritos en Colombia, desde 1952-hasta nuestros días, no hacen más que corroborar el abandono estatal presente en algunos de los departamentos de Colombia.
En este escrito, presentamos por cada regional del SENA en sus zonas periféricas, la realidad de las condiciones de vida que enfrentamos los trabajadores que pertenecemos a las regionales que se verían afectadas con el objeto de la demanda interpuesta por el ciudadano Sánchez Lara.
La experiencia SENA en Buenaventura (Regional Valle)
Buenaventura, es el puerto más importante ubicado sobre el Océano Pacífico Colombiano, por donde entra y sale el 60% de la economía del país, se convierte en una ciudad portuaria y ecoturística, cuya economía gira a través de la actividad portuaria, la explotación forestal, el ecoturismo, la pesca marina y fluvial. Buenaventura cuenta con una extensión de 6.785 km2 de los cuales el 99,6%(6.759 km2) son de área rural y el 0,4%(26 km2) son del área urbana. La zona costera está casi totalmente cubierta de mangle y presenta dos notables bahías: la de Málaga o Magdalena y la de Buenaventura, donde se encuentra la ciudad. Otros accidentes orográficos importantes son: el Golfo de las Tortugas, las ensenadas de El Tigre y Guineo y las puntas Magdalena, Piedra y Soldado. La mayor parte de sus tierras están cubiertas de selvas vírgenes ricas en madera, oro, platino y carbón; de extensas reservas petrolíferas aún sin explotar; quebradas y corrientes menores que descienden a la cordillera, así como por numerosos y caudalosos ríos. el clima y los recursos hídricos casi la totalidad del territorio de Buenaventura se caracteriza por tener altas temperaturas y altos niveles de humedad, a pesar de comprender un territorio tan amplio, con cerca de 6.785 km2 y ser el municipio con mayor extensión del departamento.
Nueve años antes de gestarse el decreto ley 1014 de 1978 y su posterior apoyo, el decreto 415 de 1979, Buenaventura carecía de servicios y de infraestructura que, para beneficio y goce de su población, permitiera la consolidación de una ciudad adecuada para la vida digna en términos de derechos humanos, argumento válido, entre los destacados por el gobierno de turno para incluir al entonces municipio, en los territorios cobijados por la jurisprudencia que crea la hoy demandada prima de localización. La ciudad, se plantea, para la época, como uno de los principales focos de desarrollo y producción de divisas del país, y en palabras de la elite gobernante, aspira a convertirse en un centro metropolitano de gran importancia[1]. Sin embargo, del dicho al hecho siempre hubo bastante trecho, como reza el adagio popular, Buenaventura no despega, las oportunidades para los años 1970, 1980 y 1990, no dejan ver un claro panorama orientado hacia un desarrollo humano integral, en el que se involucre a la población, históricamente afrodescendiente e Indígena en su mayor proporción.
Desde 1952, la ciudad viene presentando un crecimiento demográfico significativo, al pasar de tener 55.000 habitantes en los inicios de la década de 1950, a tener 212.000 habitantes a mediados de la década de 1980, observemos que es un crecimiento acelerado, ya que en casi 3 décadas su población creció 4.5 veces, hablando de cerca de 10.000 habitantes por año[2]. Este crecimiento no es coherente con la oferta de bienes y servicios; la ciudad solo empieza a desarrollar el sector portuario, y tempestivamente a desmejorar la calidad de vida de sus habitantes. La firma del camino político hacia el desarrollo frustrado de la ciudad, la asentó el presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), cuando consolidó y vimos realizar su sueño de privatización de la empresa puertos de Colombia. Con ese movimiento, se condenó a la ciudad al empleo disfuncional, informal y con mayores desventajas para las poblaciones étnicas del territorio, en especial la población afrodescendiente que siempre ha significado la mayor mano de obra de este sector empresarial.
No obstante, y regresando a la década de 1970, el surgimiento de políticas públicas asociadas al reconocimiento de desventajas históricas de unos pueblos frente a otros es realmente nuevo en Colombia. La creación de la prima de localización mediante los decretos 1014 de 1978 y 415 de 1979, no constituye específicamente una ley en el marco de esta concepción, sin embargo, podemos decir que está un poco adelantada al debate y podría significar un reconocimiento al respecto, sobre todo y en la medida, que, a partir de la firma y la entrada de Colombia a la OIT, con el reconocimiento del convenio internacional 169 de 1989, además de la creación de la ley 21 de 1990, que le da vida constitucional al antes mencionado convenio, reconocemos en Colombia la entrada en vigencia de un dialogo en términos de políticas públicas con pretensiones de reparaciones ancestrales. A la luz de la ley 21, Buenaventura constituye uno de los grandes territorios ancestrales de la nación y en este territorio perviven, 33 consejos comunitarios y 76 organizaciones de base étnico-territoriales.
El marco jurídico se profundiza con el desarrollo del artículo transitorio 55 de la constitución política de 1991, que al realizarse origina la ley 70 de 1993. En perspectivas de análisis, la ciudad posee todos los argumentos para generar un proceso de desarrollo asociado al reconocimiento de esa desventaja histórica y a la creación de políticas públicas que sustenten los convenios reconocidos en la década de 1990 y posteriores, según el compendio legislativo pertinente. En este sentido, no es pertinente, y se sale del contexto jurídico colombiano, considerar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto ley 415 de 1979, interpuesta por el ciudadano MIGUEL ANGEL SANHCEZ LARA. La demanda pone en riesgo el reconocimiento al convenio 169 de la organización internacional del trabajo (OIT), la ley 21 de 1990, su demanda es inconstitucional a la luz del artículo 7 de la constitución política de 1991 que a la letra reza “el Estado colombiano reconoce y está en la obligación de proteger la diversidad étnica de la nación”. Su demanda contradice todo el compendio legislativo afro normado que desde 1991-hasta el 2009 ha venido intentando proteger a los pueblos de actores políticos y armados ajenos a toda constitucionalidad, toda vez que la sentencia T025 del 2004, y el auto 005 de 2009, posicionan el amparo de derechos en el marco de un abanico de inconstitucionalidades que afectan a los pueblos del Pacífico colombiano, entre los cuales Buenaventura es protagonista.
Vivir en Buenaventura no es sencillo y la corte constitucional en Colombia lo hace manifiesto en la sentencia T025 del 2004, cuando se demandan un estado de cosas inconstitucionales, entre los cuales se destacan la violación constante al derecho internacional humanitario en el marco de la cruenta guerra, que desangra al país. En la actualidad, el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia en el Distrito de Buenaventura es de 25,41% siendo este porcentaje mayor al reportado a nivel nacional en donde se reporta un 15,8% en donde la diferencia es estadísticamente significativa. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud es de 11,63% mientras que a nivel nacional es de 6,3% siendo esta diferencia estadísticamente significativa. A nivel nacional se tiene una cobertura de afiliación al SGSSS del 96,5% mientras que en Buenaventura la cobertura de afiliación es de 78,4%, las diferencias en el porcentaje de afiliación no presentan diferencias estadísticamente significativas.
El ciudadano demandante, desconoce en su demanda el auto 005 del 2009, en el que la corte constitucional confiere el derecho de especial protección a los pueblos afrodescendientes en Colombia por las situaciones socioculturales que atraviesan, y la total condición de indefensión de los pueblos étnicos frente al accionar de los grupos y actores armados.
Ser instructor en Buenaventura, es vivir constantemente sometido a los riesgos de la población sujeto de especial protección. Los instructores del CNPB, somos en su mayoría pueblo afrodescendiente, comunidad negra y por tanto sujetos de especial protección a la luz de los convenios y el compendio legislativo afro. Las condiciones de desarrollo de la FPI en nuestra ciudad no son comparables, y constituyen una realidad inverosímil para con el resto del País, en especial con nuestros vecinos co-departamentales del Valle del Cauca, como Santiago de Cali, ciudad receptora desde el recrudecimiento de la violencia en el periodo 2002-2010, de personas desterradas de sus territorios ancestrales a causa de la presencia de actores armados desarrollando las conocidas masacres de 2001, 2002, 2004 y 2006, además de las escalofriantes cifras de desapariciones forzadas y más acciones de terror a que han sido sometidas nuestras poblaciones afros en el periodo 2006-2010.
El CNPB debe atender una población que además de estar en riesgo y amenaza constante, es dispersa, sin comunicación vial y con distancias inalcanzables en poco tiempo y con pocos recursos económicos. Buenaventura es la ciudad más grande del país en extensión territorial, con una superficie de 6.785.000 kilómetros cuadrados. Lo anterior sumado a la dispersión de los pueblos y las distancias internas con deficiencia y ausencia de vías de comunicación, la interconexión poblacional es fluvial y marítima, lo cual supone altos costos para ejercer la profesión docente y de los instructores del SENA, hablar de FPI para nuestros instructores no es comparable a ciudades con un mayor índice de desarrollo en la nación.
REGIONAL CESAR
Este departamento, posee características socioculturales verosímiles con la realidad de Buenaventura; le acompaña buena parte del compendio legislativo afro, y la legislación étnica indígena. En el Cesar se está formando aprendices con necesidades particulares a toda la periferia de la nación.
En el departamento del Cesar, buena parte de sus municipios carecen de acueducto para el suministro de agua potable. El preciado líquido es tan escaso en el 60% de los hogares cesarences, y los centros del Sena no son la excepción, al punto que deben comprar agua potable a embotelladoras y hasta extraerla de pozos artesanales y almacenarla hasta por 20 días en piletas en donde es propicia la proliferación de enfermedades. Los municipios más afectados son: Valledupar, González, La Gloria, Pelaya, Río de Oro, Pailitas, Astrea, El Paso, Gamarra, Manaure, San Alberto, San Diego, La Paz, San Martín, Tamalameque, Bosconia, Codazzi y Chiriguaná.
Los municipios que pertenecen al llamado corredor minero tienen excesivo cobro en los arriendos, servicios públicos, suministro de alimentos, transporte. el 14 por ciento de los ecosistemas del departamento han sido afectados por la gran minería y que el 71 por ciento de las solicitudes mineras que reposan en Ingeominas afectarían otro 85 por ciento de los ecosistemas.
El recurso hídrico ha sido el elemento más afectado por el cultivo de palma y la gran minería. En vía a La Jagua de Ibirico es evidente la contaminación en partículas suspendidas totales, pasando de un nivel permisible de 100 microgramos por metro cúbico a cerca de 120 microgramos del material respirable en la atmósfera. Estas partículas que flotan en el aire afectan el sistema respiratorio. En el municipio de El Paso, en el corregimiento Loma de Calenturas y la vereda Plan Bonito, los niveles de partículas suspendidas superan lo normal anualmente permitido.
El servicio de salud de la EPS e IPS es deplorable ante la carencia de hospitales y clínicas. En su capital Valledupar, por ejemplo, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años está en 11,15 %, la mortalidad materna está en 45,42 %; la ciudad solo tiene dos urgencias, el hospital Eduardo Arredondo Daza sede Valle Meza y La Nevada, y debe cobijar a más de 500.000 habitantes, es ilógico. Otra situación es el déficit en infraestructura hospitalaria, situación que ha sido aprovechada por las instituciones privada que hoy se ha tomado el 70 % en la ciudad, debido al deterioro progresivo y sostenido.
REGIONAL GUAJIRA
La Guajira es un territorio trazado por la ingobernabilidad; en los últimos 10 años han pasado 13 gobernadores y como consecuencia de este fenómeno político y de una deuda histórica con este departamento donde los resultados no se pueden ocultar considerando datos del DANE y entidades de control como la Contraloría General de la Nación: 63% pobreza, 34% de NBI, en lo que va corrido del 2021 han fallecido por desnutrición 13 niños indígenas Wayúu, el desempleo ronda el 23%, la informalidad laboral alcanza el 67%, en las últimas pruebas saber 11º se ocupó el puesto 32 entre 33 departamentos, hay grandes brechas en calidad y acceso a educación y salud. Esto explica porque se debe salir con hijos y familiares a buscar y recibir mejores servicios a altos costos a otras ciudades donde llegamos como extranjeros y debemos asumir gastos de alojamiento y alimentación entre otros para poder atender estas necesidades que fácilmente son atendidas por quienes tienen el privilegio de vivir en los grandes núcleos urbanos de nuestro país.
Por si fuera poco este contexto, se tiene un alto costo y baja calidad de los servicios públicos domiciliarios; El agua además de no ser apta para el consumo humano, se recibe a cuenta gotas, el servicio no es permanente se recibe por sectores y durante dos días a la semana, el servicio de energías es irregular y un día a la semana es suspendido por razones de mantenimiento técnico impactando a toda la población y actividades productivas en el territorio sin que allá una mediación de las entidades de control.
Si así es nuestra realidad en la Guajira, ahora súmele a los típicos males sociales el hurto agravado, la extorción, la drogadicción, la prostitución, el consumo sustancias alucinógenas, todos incrementados sustancialmente después del levantamiento de medidas de confinamiento por COVID 19 y la presencia masiva de migrantes que vienen dizque a buscar una mejor posibilidad de vida en un país en crisis social, económica y ecológica. Si por allá no llueva por aquí no escampa, dice el dicho popular. Ese es el contexto que nos corresponde sortear a los funcionarios del Sena que vivimos en zona especial de frontera y que tenemos el derecho a una prima de localización y su incremento que está más que justificado y que debe ser protegido por la corte constitucional como garante de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo de nosotros como ciudadanos.
REGIONAL GUAVIARE
El departamento del Guaviare cuenta con una cobertura en servicio electrico variante y casi unica en el pais, debido a su localizacion y distancia lejana a grandes centros de generacion electrica del pais comparado con otros municipios, su localizacion geografica lo situa en la amazorinoquia colombiana su red de interconexion es limitada lo cual hace que el departamento pertenezca hibridamente al ZNI Nacional (Zonas no Interconectadas del Pais) ya que no todo el departamento cuenta con cobertura electrica y se utilizan sistemas de generacion complementarios y alternos, todo lo anterior hace que comportamiento de generacion y distribucion electrica el departamento tenga unas particularidades especiales con respecto a distintos lugares de Colombia, este diferencial entra a ser parte de nuestra “Colombia Profunda”
Breve descripcion de infraestructura electrica en el departamento
En el departamento opera un sistema radial, es decir cuenta tan solo con una fuente de alimentación a través de una línea de transmisión a nivel de tensión IV (115kV), construida en su mayor parte en postes de 15 metros de concreto, atraviesa extensas sabanas, zonas de humedales, espesa vegetación, expuesta a factores climáticos críticos en descargas atmosféricas y vendavales; recorre una longitud de 187km desde la subestación de Granada (Meta) hasta la subestación de San José (Guaviare).
Lo anterior genera una desventaja en temas de calidad y continuidad de servicio con respecto a otros sistemas de interconexión del país robustos y con respaldo ya que todo lo que ocurra al sur del Meta afecta directamente o indirectamente el sistema de fluido eléctrico en el nuestro departamento, la constante salida de servicio del sistema por fallas y mantenimientos genera un sobrecosto en el CU (Costo unitario del servicio) para solventar estos fallos, sin contar las innumerables perdidas y daños por electrodomésticos afectados que aumentan en época de invierno y constantes lluvias donde el mantenimiento y encuentro de fallas se dificulte debido al difícil acceso de personal técnico y soporte a los sitios donde ocurren estos fallos que al final asume el usuario final en la tarifa de la facturación eléctrica residencial.
Valor y costos del servicio
A pesar de pertenecer en parte al sistema interconectado nacional el departamento debe asumir un sobrecosto en el valor unitario del servicio eléctrico debido a las diferentes variables en cuanto al transporte de energía y perdidas por medio de la red de cobertura esto en comparación con otros departamentos y municipios del país hace que el costo del $/Kwh facturado sea uno de los más costosos del país mientras a nivel nacional oscila entre $500 a $600, en nuestro departamento la opción de tarifa parte de $600 a $700 hablando únicamente de estratos 1 y 2 residencial, estos valores varían dependiendo el comportamiento de la bolsa energética mes a mes.
Lo anterior sin tener presente que el comportamiento de consumo en las viviendas en el departamento es elevado, por una parte por la necesidad de conectar equipos de conexión para mejorar la calidad de señal que por la zona se dificulta obtener y usar medios de comunicación e internet y en segunda medida la necesidad de conexión de equipos de refrigeración, ventilación y enfriamiento de espacios debido a las características ambientales y térmicas del mismo generalmente estamos expuestos a una humedad relativa superior al 85% y el promedio de temperatura fluctúa sobre los 26°C, que compensan mejoran el confort, la salud y el bienestar para el desempeño y desarrollo de actividades cotidianas.
REGIONAL GUAINIA
La calidad de vida en este departamento es mala, pero es costosa. Los precios de la canasta familiar son excesivamente altos. Es clave señalar la importancia de realizar un estudio que demuestre lo que aquí se plantea.
Los alimentos son los más caros del país las rentas elevadas el transporte aéreo es tan elevado que con el pago de un solo trayecto es igual al viaje redondo con alojamiento en cualquier destino del interior del país.
Es necesario evidenciar que el departamento del Guainía tiene insuficiencia en el acceso a los servicios públicos, lo cual está referenciado en el plan de desarrollo departamental 2020-2023, pues para el año 2018 solo el 65% de los hogares cuentan con energía eléctrica, el 15% con acueducto y el 21% con alcantarillado y el 0% con gas natural, lo cual es menor en comparación a los índices nacionales, lo cual genera que los costos sean mayores; por ejemplo, un cilindro de gas de 30 libras cuesta $100.000 mil pesos, en comparación que en el centro del país que tiene un valor de $54000 . Así mismo se carece de agua potable, porque la extracción del preciado líquido se lleva a cabo de manera subterránea y suele mezclarse con las aguas de los pozos sépticos, en este sentido es necesario conseguir agua tratada, la cual se consigue por botellones de 18 litros, que para una familia de tres personas apenas alcanza para aproximadamente tres días, teniendo un costo de $5500. De igual manera, por ser este territorio selvático, no se producen alimentos y demás productos básicos para la canasta familiar y además se carecen de vías de acceso terrestres que faciliten su transporte desde el centro del país hasta el municipio de Inírida, dos situaciones que incrementan los precios de estos, a pesar de que se cuente exento de IVA, pues la traída de los mismos se hace (sobre todo en elementos perecederos) por vía aérea desde las ciudades de Bogotá y Villavicencio.
Algunos productos, menos perecederos, pero de todas maneras que no se producen en la región, como por ejemplo elementos de construcción, miscelánea, de aseo personal, etc, son transportados desde el interior del país, desde Villavicencio a San José del Guaviare y a partir de ahí por vía acuática por el rio Guaviare, lo cual tiene un trayecto de aproximadamente 15 días en lancha hasta llegar al municipio de Inírida, lo cuál puede ser un poco más económico que por vía aérea, pero debido a que grupos armados ilegales se encuentran en el territorio, los transportadores y comerciantes se ven obligados a pagar «vacunas» para tener la autorización de poder llevar a cabo el traslado de mercancía.
Otro fenómeno que encarece la vida, es la presencia de la minería de oro ilegal en la zona, la cual es una de las mayores fuentes de ingreso de la población del departamento, la cual genera una dinámica donde los costos son exagerados; no solo por el dinero circundante y las problemáticas asociadas a los mismos, sino también porque a las minas se transporta gran cantidad de mercancía que anteriormente daba abasto para toda la población, y actualmente eso hace que escaseen lo alimentos y elementos de primera necesidad, generándose un aumento en los precios.
Es importante evidenciar que, en este sentido, debido al alto número de migrantes venezolanos que se han establecido en el municipio, este fenómeno también se ha presentado. Otro aspecto que considero importante, está relacionado con la calidad en educación, pues el departamento ocupa uno de los últimos lugares con relación a la calidad académica y eso lo evidencia las pruebas saber, por ello es necesario llevar a cabo actividades de refuerzo extraescolares (privadas) que lleven a cabo nuestros hijos, para que salgan del colegio bien preparados para sus estudios superiores, los cuales a su vez no pueden llevarse a cabo desde el territorio, pues sólo funciona el CERES de manera presencial, con algunas carreras de la CUN y UNIMINUTO de manera semipresencial y la UNAD a distancia, ante lo cual nos vemos obligados a trasladar a nuestros hijos al interior del país, asumiendo, además de los gastos que acarrea los estudios universitarios, vivienda y alimentación lejos de su núcleo familiar. Con relación a la salud, los servicios que se ofrecen en el departamento se hacen por medio del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, el cual es de primer nivel y no cuenta con la capacidad para la atención de todos los habitantes, y con todos los servicios de especialistas y exámenes especializados, lo cual hace que en ciertas ocasiones los pacientes tengan que trasladarse al interior del país, y en nuestra situación no tenemos derecho a contar con servicio de albergue, viéndonos obligados a asumir los costos de alimentación, transporte, etc., que se requiere ante una remisión médica.
Las condiciones laborales son diferentes, pues las condiciones particulares del contexto, donde el 75% de la población del departamento del Guainía es indígena, donde existe un acceso precario a los servicios de internet (incluyendo el del SENA), las condiciones de pobreza extrema y de más vulnerabilidad en la población, hace que tengamos que llevar a cabo un esfuerzo muy diferente al del resto del país, para poder llevar a cabo nuestras funciones como funcionarios de la institución. Estas condiciones en su conjunto hacen que en este territorio sea difícil alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas, pues para ello los costos son elevados en comparación de muchas de las regiones del país, por lo tanto, considero que la prima de localización es una manera que la institución aporta en este sentido al trabajador y por ende en las condiciones de una vida digna.
REGIONAL DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (Regional Antioquia)
El complejo de Apartadó – Antioquia, subregión de Urabá, cuenta actualmente con 89 funcionarios vinculados y presentan algunos desafíos que justifican históricamente las razones por las cuales la prima de localización debe seguir existiendo, al ser una necesidad vital para cumplir con nuestras funciones, las cuales se sustentan en:
SALUD: vivimos en una zona geográficamente de gran biodiversidad, clima tropical húmedo, que genera enfermedades tropicales endémicas (paludismo, malaria, zika, dengue entre otras). Adicionalmente, los servicios médicos especializados son escasos y altamente costosos. Además, existe un riesgo ocupacional de salud para acceder a algunas zonas de formación.
ACCESO: El C.T.A.P.T. tiene una cobertura de formación, no sólo en la región de Urabá, sino que atiende también algunas zonas del Urabá Chocoano y Córdoba (Montería). Por esta razón algunas sedes de formación son dispersas, aisladas y cada una presenta unas condiciones particulares y críticas en cuanto al acceso, ya sea terrestre o fluvial. Por otro lado, el alto impacto climático en la zona ocasiona altas temperaturas e inundaciones en algunos lugares, la inestabilidad geográfica de la vía nacional que conecta Medellín con el Urabá, sufre más de 60 derrumbes en el año, generando un sobrecosto sobre los alimentos de la canasta familiar, sobrecostos de los tiquetes por vía terrestre, debido que se deben tomar rutas alternas para los desplazamientos a las grandes urbes (Medellín y Montería).
SEGURIDAD DE LA VIDA: Se vive en una zona con alta estigmatización de sus habitantes debido al fenómeno y los efectos del narco tráfico presente en la región, y el control del poder por grupos al margen de la ley denominados como: las Bacrim, el clan del golfo, las bandas emergentes) que generan zozobra, inestabilidad e inseguridad en la población, la cuales muchos Instructores deben pasar esas peripecias. El fenómeno acrecentado actualmente a través de la red de tránsito de inmigrantes tanto de Venezolanos como Haitianos genera hacinamiento de más de 20.000 mil Haitianos, sobrecostos de la canasta familiar y servicios públicos, y la especulación de los precios de los comerciantes de la región.
SERVICIO PÚBLICOS: Escasos e inexistentes en algunas zonas urbanas y rurales de los municipios de la región de Urabá, los servicios básicos como agua, energía, acueducto y alcantarillado, dificultades en la conectividad y telecomunicaciones, a su vez los sobrecostos en las tarifas de los servicios públicos, estos generan y afectan la economía familia reduciendo el poder adquisitivo de la comunidad.
Existe una burbuja especulativa de FINCA RAÍZ en algunos municipios, que ocasionan un exagerado pago de arriendos y factura de servicios.
Como no se cuenta con una oferta académica a nivel de postgrados o doctorados en la región, esto obliga a los Instructores a pagar altas tarifas para desplazamientos a las urbes, generando un incremento en sus gastos mensuales.
REGIONAL CAQUETÁ
Conocida como la puerta de oro de la amazonia colombiana, poseedora de una vasta riqueza de flora u fauna, bañada por muchos ríos, siendo el segundo departamento con mayor extensión del país, convierten al Caquetá, en un reserva natural y potencial para el ecoturismo, por su gran biodiversidad. Sin embargo, este departamento empotrado en las entrañas del piedemonte Amazónico ha estado circunscrito por su región selvática, el corredor de grupos al margen de la ley, y que ha llevado al Caquetá a estar en el marco del conflicto armado. Circunstancia, desde donde la historia de nuestro territorio cuenta los horrores de la violencia de nuestro país, por varias décadas. Un conflicto que ha llevado al registra de la no envidiable cifra, de ser uno de los departamentos con mayor número de desplazamiento y desarraigo de la población civil en el país. Un estigma de guerra, violencia y muerte que ha cubierto a este departamento, que aún en el presente, y en el escenario de los “Acuerdos de paz” incumplidos, se convierte en la reactivación de las disidencias de los grupos armados, y que traen inseguridad, miedo y falta de inversión para el territorio.
Nuestra geografía, anidada en la cordillera oriental, tras los picos invernales, y sumada a la deficiente infraestructura, trae de forma constante, taponamientos y derrumbes que han llevan al cierre temporal de la carretera, y bloquean consigo la posibilidad del aprovisionamiento de alimentos, insumos médicos (medicamentos, oxigeno), insumos de potabilización del agua, insumos para la ganadería (fuente económica del departamento), falta de gas propano y gas natural, etc… cierres viales que imposibilitan la comercialización de productos, movilización de pacientes. Problemáticas que los Caqueteños pagan con sobrecostos, por productos que llegan por transporte aéreo, o son traídos por una incipiente vía antigua, que utilizan transportadores arriesgados.
Nuestro departamento del Caquetá a la fecha de hoy 7 de octubre de 2021, después del decreto 1014 de 1978, cerca de 43 años han transcurrido y sigue con las mismas situaciones socioeconómicas ambientales presentes a la expedición del Decreto en mención.
Hablar en el Caquetá de Salud, es colocar la palabra precariedad. En términos que los 16 municipios cuentan con un solo Hospital de nivel tres (Hospital María Inmaculada), y una Clínica – la Medilaser, ubicadas en la ciudad de Florencia. Instituciones de salud que se ven obligadas a remitir a los pacientes para exámenes especializados y enfermedades de complejidad, porque no se cuenta con la infraestructura hospitalaria, ni con los especialistas para los tratamientos que requiere nuestros ciudadanos Caqueteños.
El Departamento del Caquetá, tiene una extensión territorial de 88.965 km2, constituyéndose en el tercer departamento más extenso de Colombia, dividido en 16 municipios: Florencia (su capital), Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chaira, Curillo, El Doncello, El Paujil, Milán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Valparaíso y Solita. Es de anotar que todo el territorial departamental corresponde a la gran cuenca amazónica ubicado al sur del país. Así mismo, es uno de los departamentos menos poblados, y con mayor dispersión poblacional de Colombia, su índice de población es de 4.56 hab/km2. Superados por los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés y Guaviare. A nivel departamental, Solano, Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán, son los municipios con menor densidad poblacional.
En temas viales observamos que las viales terciarias siguen sufriendo por la no pavimentación de las mismas debido a distintos factores como so corrupción, situaciones climáticas en el territorio y por las mismas distancias que se presentan en las distintas zonas rurales de los 16 de municipios del territorio caqueteño.
De acuerdo a la Fuente Unidad de Victimas, Red nacional de información, se relaciona que son cerca de 170.753 Personas Víctimas del conflicto armado declaradas a 2018, las cuales son una gran cantidad de población tanto urbana como rural presente en el departamento sin contar las que no se han reportado a las instituciones a nivel nacional, regional y local.
De acuerdo con información de la fuente Terridata en el 2019, se presentan 14.865 personas con discapacidad 2,96% de la población del Caquetá.
El departamento del Caquetá presenta una Población negra, mulata, afro de 11.661 personas y una Población indígena 5.026 personas, abandonados por el Estado y muchos de estos viven en zonas donde es difícil el ingreso a donde habitan, información mostrada por el DANE en Porcentajes de población de cada grupo étnico calculados a la población del Censo 2005, DNP, Terridata. 2019.
Caquetá se sitúa entre los 13 departamentos con mayor incidencia tanto de pobreza monetaria como extrema, mientras que el Índice de Pobreza Multidimensional se sitúa al 33,6%, lejos del 8,4% de la meta CONPES a nivel nacional para 2030. Reducir la pobreza requiere de estrategias que la aborden de manera estructural e integral, atendiendo básicos de calidad de vida como la educación, salud, bienestar social y disminución de brechas. Fuentes: DANE, -GEIG, 2017.
Caquetá es uno de los departamentos más afectados y protagonistas de la guerra que ha marcado a Colombia por años, pues a mediados de la década de los sesenta hasta la fecha ha sido reconocido por su alto índice de organizaciones criminales y por ser el lugar donde se creó y se afianzo el bloque sur de las FARC, además es objeto de disputa entre diversos grupos al margen de la ley que luchan por los cultivos ilegales.
El departamento presenta 105.592 Personas desplazadas recibidas, el cual Corresponde al 3,8% de la población desplazada expulsada en Colombia para el mismo periodo: 2.765.458 personas, (2007-2017), lo cual hace que el departamento tenga unas condiciones muy críticas a nivel social.
Según fuente de la defensoría del pueblo al año 2019 en cuanto a Población desvinculada de grupos armados ilegales / reincorporados, 2001-2018, se tienen 1.670 Desmovilizados en el departamento del Caquetá, de los cuales para Reintegración regular: 863, para Reintegración especial (Ley 975 de 2005): 3 y Reincorporación (Proceso de Paz con FARC-EP): 804 personas.
Actualmente en el departamento del Caquetá se tiene al grupo al margen de la Ley llamadas Disidencia a partir de los frentes 1, 7, 40 y 3 de las antiguas FARC-EP. El cual afectan a toda la población caqueteña, con las distintas acciones ilegales como vacunas extorsiones, muerte de la población entre otras.
Los riesgos más denunciados en el departamento del Caquetá son: Riesgos por factores de violencia (presencia de grupos armados ilegales, acciones unilaterales de Grupos Armados Organizados, víctimas de violencia política, Riesgos por factores indicativos de fraude electoral (nivel anormal de participación electoral, nivel de votos nulos, nivel de tarjetones no marcados y dominio electoral), Los municipios en donde coinciden factores indicativos de fraude electoral y factores de violencia son 7: Cartagena del Chairá, que se encuentra clasificado en riesgo extremo y El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, los cuales están clasificados en riesgo alto. Información obtenida de la Misión de observación Electoral.
En cuanto a los ambientes o espacios de formación que se tienen en el SENA en la regional Caquetá no son los adecuados para la misma, ya que en áreas como agropecuarias, pecuarias y ambientales, turísticas, entre otras formaciones no se tiene una infraestructura propia, y lo que se tiene en contrato como predio no se puede realizar las inversiones adecuadas para poder tener una infraestructura adecuada para las respectivas formaciones de las áreas antes mencionadas.
La economía del departamento del Caquetá no ha sobresalido sobre las demás regiones del país, la cual se posiciona en promedio en el puesto número 26 entre los 32 departamentos en cuanto aportes realizados al PIB.
Así mismo es importante mencionar que las distintas formaciones que se ofertan y se realizan en el territorio, son orientadas por instructores que tienen en su gran mayoría realizar desplazamientos a los sitios de formación en las áreas rurales donde en muchos casos el mismo estado no ha llegado a brindarles a las comunidades oportunidades de salud, educación entre otras, donde a los instructores nos ha tocado trasladarnos en carreteras que no son las adecuadas para el tránsito vehicular, ya que en algunos casos no existe vías y toca realizar los desplazamientos en otros medios de transporte como son en equinos alquilados por los mismo contratistas para tal fin, como así mismo en embarcaciones como canoas, deslizadores y demás en temas fluviales siendo este departamento rico en temas hídricos y que en estos 43 años que se tiene de prima de localización se han utilizado estos medios de transporte fluvial para llegar a las distintas zonas del territorio para poder orientarles y formar a campesinos, indígenas, afros y demás población residente en el territorio. Instructores que hemos tenido que sufrir las inclemencias del clima presentes en el territorio en desplazamientos que se realizan en 9 a 12 horas o más en vías fluviales, con muchos riesgos de que estas embarcaciones no presenten accidentes en las fuentes hídricas que presentan caudales altos durante todo el año.
Esta breve descripción enmarca, las realidades de cualquier Caqueteño, y por supuesto de los funcionarios SENA, que se encuentran laborando en este territorio. La factura de sobrecostos por olas invernales, cierres de carretera, inseguridad, mala salud, nos tocan, como cualquier ciudadano Caqueteño. Hacemos presencia en desde estos territorios, haciendo parte de la transformación en los proyectos de vida, trayendo la formación. La prima de localización como fue concebida posibilita minimizar las carencias en estos territorios olvidados en esta Colombia Oculta, donde la realidad del día a día, no es fácil sortear.
REGIONAL SAN ANDRES
Nuestra Región Insular Colombiana está ubicada aproximadamente a 720 km de Cartagena de Indias y a 381 km de Nicaragua, lo que nos constituye en el Departamento más apartado del territorio continental colombiano, al cual únicamente se tiene acceso vía aérea, para lo concerniente a transporte de personas y alimentos perecederos y vía marítima en lo que corresponde a alimentos no perecederos y otro tipo de mercancías.
A continuación, describiremos de forma sucinta, a la luz de algunos aspectos nuestra realidad, estos, son más que suficientes para demostrar y soportar la necesidad de la continuidad de la PRIMA DE LOCALIZACIÓN y su aumento gradual:
Aspecto Demográfico
De acuerdo con el DANE, somos uno de los territorios más densamente poblados de nuestro país, con un agravante, no tenemos hacia donde crecer por nuestra condición de Insularidad.
Aspecto Ambiental
Fuimos declarados por la UNESCO como Reserva de Biósfera SEA FLOWER.
Nuestra capacidad de carga ambiental está rebosada, dada la cantidad de turistas que visitan la Isla (alrededor de 1.078.000 para el año 2019), lo que impacta nuestros recursos naturales, los cuales son limitados (agua), lo que implica que el costo de la misma sea extraordinariamente alto.
No contamos con ganadería o agricultura que nos permita ser autosostenibles, por el contrario, todos los productos de la canasta familiar deben ser traídos del territorio continental colombiano.
Contamos con una temporada de HURACANES, año a año, desde el 30 de junio al 30 de noviembre, lo que implica un riesgo latente, el cual como es bien sabido se ha materializado en diversas ocasiones, con las implicaciones por todos conocidas.
Aspecto Socioeconómico
Al traer todos los productos por avión o Barco, encarece sustancialmente el costo de vida, por ejemplo: los materiales de construcción son tres o cuatro veces más costosos que en la Colombia continental, al igual que los alimentos.
Las Islas (San Andrés y Providencia) no cuentan con proyectos de soluciones de Vivienda de Interés Social (VIS), o no VIS, únicamente construyen Hoteles, lo que implica que inclusive, si se tiene la facilidad de adquirir una vivienda, toca comprarla en otra ciudad diferente.
Como consecuencia de las olas de Huracanes que nos han impactado, las aseguradoras nos han clasificado como riesgo alto para cualquier tema, construcción, créditos bancarios, etc.
Aspecto Tecnológico
Contamos con uno de los Internet más caros de Colombia. Por un MB de velocidad se pueden pagar hasta $97.000, contrario a los planes de Internet hogar que hay en otras ciudades que ofrecen hasta 50 MB por $48.000.
Aspecto Educativo
En nuestras Islas no contamos con Universidades en las cuales se pueda cursar el 100% de una carrera profesional, lo que implica que si queremos que nuestros hijos sean profesionales, debemos enviarlos a ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, etc, con los sobrecostos que esto implica en transporte y manutención. Cabe resaltar que, para nosotros estudiar, nos tocó realizar estos mismos traslados.
CONCLUSIÓN
La prima de localización surge como un mecanismo para equilibrar y compensar un poco la balanza entre los centros de formación del interior del país, con mejores condiciones de calidad de vida para los funcionarios de la institución, y los funcionarios en las zonas periféricas que presentan condiciones de calidad de vida difíciles de soportar. De lo anterior, y como puede observarse en la descripción que se trae por cada regional, departamental, municipal o centro de formación cobijados por los decretos objeto de la demanda, las cosas han cambiado para detrimento de la calidad de vida de estos territorios. La realidad, es que no han cesado las condiciones de aislamiento estatal en ninguna de estas zonas, algo que el ciudadano Sánchez Lara, olvidó o simplemente no tuvo en cuenta a la hora de reclamar igualdad y de acusar un pago desmesurado.
La demanda de MIGUEL ANGEL SANCHEZ LARA, constituye un acto desmesurado de desconocimiento a la realidad sociocultural, y las condiciones de desventaja histórica y por tanto es un ejercicio de inconstitucionalidad pretender desmejorar las condiciones salariales de los profesionales, y/o funcionarios que laboran bajo estas condiciones.
Solicitamos respetuosamente a la corte constitucional, declarar inexequible la demanda, toda vez que faltó al derecho constitucional a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, para con los pueblos étnicos sujetos del derecho a la educación y al libre desarrollo de su cultura. Invitamos a los magistrados encargados de resolver esta demanda, tener en cuenta el compendio legislativo que se tiene para proteger poblaciones especiales y en condición de vulnerabilidad. El derecho a la prima de localización y su incremento anual no se puede anular bajo argumentos que carecen de estudios en profundidad de la realidad de los trabajadores y las poblaciones que el SENA tiene que atender bajo el amparo de garantías laborales y el derecho a la educación.
[1] Véase el espectador, junio 9 de 1970.
[2] Los datos fueron tomados de documentos del DANE, departamento administrativo nacional de estadísticas; Buenaventura estadístico-1990.
