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HISTORIAS DEL SENA Y DE LO PÚBLICO

LA APLAZADA “MORALIZACIÓN DEL SENA”


Por: Wilson Arias

No es una casualidad que "La moralización de la entidad" haya sido el primer criterio esgrimido por el Comité Prodefensa del SENA – Valle, en el año 1993, para sustentar la Iniciativa Legislativa Popular que dio lugar a la Ley 119 de 1994.

En "El Sena que queremos", uno de los documentos presentados por los trabajadores, se pueden advertir ecos de la proclama gaitanista por "la restauración moral de la República”. 45 años después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, funcionarios del SENA retoman su diatriba contra la descomposición de las clases dirigentes para hacer una conmovedora exposición sobre la situación de la entidad, que concluye con una divisa terminante: “No estamos dispuestos a salvar la entidad para la rapiña clientelista”, se lee en la página 13 de su escrito.

Del SENA original, a la selva clientelar

Como en el Macondo primordial de García Márquez, el SENA creció de la mano de un patriarca simultáneamente autoritario y cuidadoso de la institución. Aunque se le critique haber entregado al Partido Conservador buena parte de los cargos directivos de la entidad, debe reconocerse a don Rodolfo Martínez una presencia que impedía desbordar ese clientelismo heredado de la colonia, alimentado a sangre durante "La violencia" y rediseñado por el Frente Nacional, que también nacía en 1957.

Pero el éxito de Martínez tuvo que ver ante todo con el ambiente en que se desarrollaba la Formación Profesional: la industrialización en ascenso, propiciada por la sustitución de importaciones, demandaba con fuerza trabajadores calificados que el establecimiento público surtía, de modo que el papel del SENA se hizo exigente y el vínculo empresariado – SENA se consolidó estrecho y altamente técnico. Décadas después, en franco proceso de desindustrialización y desnacionalización de la economía, aquella relación se relaja al punto que los empresarios también serían tachados incluso en documentos de la OIT, de practicar clientelismo gremial en el SENA con los recursos de “desarrollo tecnológico” (ahora hacen lo propio con los de“formación continua”). Hoy los dirigentes de los gremios son con frecuencia maestros de la intriga y el favoritismo, mientras sus delegados a los Consejos Nacional y Regionales del SENA guardan invariable y sospechoso silencio frente a cada denuncia.

La institución fue perdiendo su régimen especial, que incluía disposiciones y procedimientos de carrera administrativa mucho más transparentes que los generales de la época. La presencia sindical en los procesos de selección y en unas instancias internas más decisorias que las de hoy, garantizaba la oposición de méritos en los concursos y la promoción interna. Era más frecuente ver a trabajadores con amplia trayectoria en la institución, llegar a cargos directivos importantes o de alta asesoría.

El proceso fue degradándose en la medida en que se desmontaba el régimen especial y la carrera administrativa quedaba en terrenos minados. En la pérdida de esa normativa SENA rentaron unos directorios políticos premodernos, iguales o peores a los que denunciaba Jorge Eliecer Gaitán. Ya por la década de los 80 la institución era objeto de la rapiña politiquera, por los días en que el Presidente Turbay Ayala clamaba por llevar la corrupción “a sus justas proporciones”.

De modo que cuando uno de sus sucesores, César Gaviria, privatizó al SENA, el Comité Prodefensa reaccionó con éxito presentando una Iniciativa Legislativa Popular y en su promoción se cuidó de hacer una propuesta muy seria –basada en la reivindicación de la autonomía del SENA en los órdenes presupuestal, administrativo y doctrinal– y elevaba un preciso “memorial de agravios” contra el clientelismo. Todo con el activo acompañamiento de SINDESENA y SINTRASENA.

En su sentida exposición, “El Sena que queremos” hace duras denuncias y desnuda en su página 14 el principal instrumento del clientelismo politiquero: “la ubicación en los más importantes cargos a los agentes de la clase política y el aprovechamiento de la planta de personal flotante”, entendiendo por tal no sólo la planta de contratistas sino también la de asesores, por ejemplo.

Con ese diagnóstico en la mano, el Comité Prodefensa abanderaba la autonomía para combatir la injerencia empresarial / gubernamental en la imposición de directivos, reivindicaba el tripartismo y reclamaba una fuerte carrera administrativa y la obligación de designar mediante concurso de oposición de méritos, “a la totalidad de funcionarios directivos, excepción hecha de los Directores Regionales quienes han de ser nombrados por el Director General, de ternas presentadas por los Consejos Directivos Regionales”. “El Director General, a su tiempo, debe ser nombrado por el Presidente de la República de terna presentada por el Consejo Directivo Nacional del SENA...”. También reclamó que el nombramiento del jefe de Control Interno radicara en el Consejo Directivo Nacional. Y a la Comisión Asesora de la Reestructuración creada por la Ley 119/94, SINDESENA sustentó la conversión del cargo de Jefe de Centro al grupo ocupacional “Ejecutivo”, también de carrera.

El antes y después del SENA en la Constitución de 1991

El gobierno alertó sus fusiles para defender sus dominios. Así que de estas serias propuestas del Comité Prodefensa y SINDESENA, la única que se recogió fue la designación de directores regionales con participación de los Consejos Regionales, a la que le otorgamos su importancia. Pero prontamente fue declarada inexequible al tenor del artículo 315 numeral 13 de la Constitución Política, que encomendó a los gobernadores la escogencia de los Directores regionales. Después, atendiendo a una “moda internacional” (ver Nico Hirtt), Álvaro Uribe desvencijó mediante un Decreto las estructuras regionales en una improvisada "descentralización" que lo hizo todo más complejo y aceitoso. Para cubrir las apariencias instauró un proceso de "selección" de directivos, con cartas marcadas.

Hoy la designación de Directores regionales obedece a una suma de politiquería, lobby en los Consejos Regionales, zalamerías personales y halagos de variado orden. Pero lo que es peor, cada vez responden más al juego mafioso de los clanes regionales, articulados a una Dirección General designada sin el menor criterio técnico. Hija de las coaliciones, fruto de la componenda, esta Dirección llega para distribuir al SENA en una lógica que lo coloniza todo, tiende a profundizar lo avasallado y sube “a otro nivel” la politiquería, hasta sumir a la entidad en la crisis que hoy padece.

Un sindicalismo misional

La historia no puede dejar de consignar esa enorme resistencia librada por SINDESENA desde aquellos días en que se inició la toma de la entidad por el clientelismo partidista y “gremial”, hasta el presente, cuando ha jugado papel protagónico en las denuncias y la movilización contra la corrupción que se ha tomado las Direcciones del SENA de manera casi generalizada.

Sería extenuante describir cada etapa. Menciono para concluir, solo tres momentos “recientes” relevantes: El primero, bajo el cuatrienio de Pastrana Arango, cuando SINDESENA adelantó una vigorosa “Asamblea permanente” que se convirtió en importante Paro Nacional “Contra el caos administrativo, el clientelismo, la politiquería y la corrupción” los días 14 y 15 de agosto de 2001. En un momento apremiante, la convocatoria a esa jornada es una pieza histórica digna de leer: hace un fiel retrato del SENA de esos días, presenta las luchas que SINDESENA adelantaba y ayuda a entender los actuales desenlaces (se adjunta).

El segundo período, durante el octenio de Uribe Vélez, cuando SINDESENA logró desnudar los malos manejos en muy diversos órdenes, en grandes debates legislativos, numerosos Foros y movilizaciones nacionales. Todo este período coincide, vale la pena recordarlo, con graves afectaciones a los recursos del SENA, y con una contraofensiva de SINDESENA que le significó una gran recuperación presupuestal a la entidad.

Y llegamos al momento actual, que tiene como principal antecedente las delicadas denuncias que SINDESENA hace contra la administración de Alfonso Prada, a cuya salida revienta en el conflicto que hoy se hace público con estremecedoras noticias diarias.

Pero también por estos días destaca la estatura de una organización sindical que no solo viene de batirse con denodado empeño por la defensa de las rentas de la entidad, después por la ampliación de su planta de personal y por la nivelación salarial de sus trabajadores, sino que hoy libra magistral batalla contra la corrupción, una lucha que bien podría estar destinada a producir enorme resonancia en el conjunto social colombiano. Mucho ha sufrido nuestro pueblo con esa venenosa maleza. Ya es hora de ponerle tatequieto. SINDESENA puede iniciar la agitación que rompa el tiesto.

Cali, 20 de noviembre de 2017

 

UN SÍMIL Y UN RECORDÉIS EN LA CORRUPCIÓN DEL SENA

 

Por: Wilson Arias Castillo

La mayoría de ex Presidentes del país y exdirectivos de la entidad se lavan las manos cuando se habla de corrupción y amenazas contra el SENA. Ahora resulta que hasta Álvaro Uribe utiliza las denuncias de SINDESENA para criticar el contratismo en este establecimiento público. Él, que lo utilizó y desarrolló febrilmente, él que perfeccionó los mecanismos para multiplicarlo y los puso a dura prueba, para que resistieran los embates siempre más voraces de sus sucesores. Hay que reconocer, sin embargo, que Alfonso Prada y Gina Parody vinieron a ser sus exponentes destacados.

Por cuenta de la polarización y la pelea Santos -vs- Uribe, corremos el riesgo de que cualquier denuncia sea utilizada por el bando contrario. De modo que la decisión de SINDESENA de defender la entidad integralmente, enfrentando a cada gobierno casi en solitario pero con toda aplicación y fuerzas, puede dar lugar a que cada parte aproveche sus reclamos para sacar pecho. Precisémoslo entonces: unos y otros han infligido idénticos daños a este establecimiento. Se parecen, ya lo habíamos explicado: es que un santista de hoy es con frecuencia un uribista de ayer.

Así que, antes de hablar de la tragedia actual del SENA conviene recordar el nivel de corrupción en que sumió el uribismo a la entidad. Ello ayuda a establecer paralelos que aporten al análisis.

Un caso que lo ejemplifica ocurrió en la regional Cesar, donde el paramilitarismo logró realizar convenios con el SENA en nombre de la tecnología, la innovación y el empresarismo, tan de moda por esos días. Recordemos: el binomio Uribe + Montoya había impuesto a la institución una nueva carga a la que dedicaron grandes recursos –a la postre bastante cuestionados–, la incubación empresarial. Entonces los cazadores de rentas buscaron en esa actividad del SENA un nuevo filón. Y entre ellos llegaron los paramilitares, de los que se sabía que no sólo desplegaban masacres y acaparaban tierras y ganados, y comercios de diverso tipo, sino que por entonces habían coronado nuevos negocios: “contrabando de gasolina, de arroz y de vehículos; juegos de azar, prostíbulos, mototaxismo, el control de la ‘seguridad’ en los llamados San Andresitos y parte del negocio de la salud a través de las Administradoras de Régimen Subsididado (ARS)”  .

Para dolor de la comunidad educativa, se vino a establecer que en la regional Cesar el SENA había escogido para el efecto como socio estratégico a FUNPAZCOR, la fundación creada por Fidel castaño Gil. Audaces ellos, el seguimiento del abrazo entre FUNPAZCOR y el SENA se lo encomendaron a la Oficina del Programa “anticorrupción” de la Presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez, que no objetó esta alianza con el crimen (ver recuadros).

En similar sentido, en un Consejo Comunitario en Necoclí (Antioquia), el presidente anunció que los ahorros obtenidos con motivo de la severa reestructuración que aplicó en el SENA y que nos costó centenares de despidos, serían aplicados a los programas de familias guardabosques. Así, según informó ASOCOMÚN, dirigida por Jairo de Jesús Rendón Herrera (alias Germán Monsalve), hermano de El Alemán y Don Mario, el SENA se asoció con ellos para tales menesteres. El hecho fue denunciado precisamente en un comunicado de SINDESENA titulado “Algunas verdades sobre el Uribismo en el SENA”, cuya lectura recomiendo. Y las pruebas de la vinculación del SENA en Valledupar con FUNPAZCOR, se encuentran en el libro “El poder PARA ¿qué?”. De nuevo, la organización sindical las dio a conocer a la comunidad educativa en su oportunidad.

Pero si de libros se trata, hay otro que también describe un momento crucial de la corrupción uribista en el SENA y el país: el de la Yidispolítica. En su testimonio, “Confieso”, Yidis relata el famoso episodio del 2 de junio de 2004, sobre su conversación en el baño privado del Presidente, a donde la llevó este huyendo de la concurrencia en su oficina, plagada de lagartos entre los que destacaba Gina Parody, según comenta Yidis Medina en su libro. A la salida del baño, Uribe le ofrece toda la burocracia que tenía Horacio Serpa en Barranca: El Sena, el Seguro Social, la Red de Solidaridad, Etesa y la Notaría Segunda (ver página 28).

El asunto fue aún más tormentoso. Yidis es burlada en la mayoría de las promesas y desde luego también en el SENA. La vergüenza ocupa las páginas 99 a 104 del libro. Allí Yidis cuenta cómo debió instalarse en las oficinas de Darío Montoya desde el 18 de enero a las 4:00 pm hasta la mañana del 19 para reclamar el nombramiento de su pupilo Juan Bautista como Jefe del Centro en el SENA de esa ciudad.

A esta lección de “meritocracia” le sigue otra de traición: sus cuotas (como las de Teodolindo Avendaño), son sucesivamente reemplazadas por otras, empezando por la del SENA: “… el primer gran golpe llegaría en agosto del 2006 cuando declaran insubsistente a Juan Bautista para darle el cargo a otro funcionario. El Director del SENA, Darío Montoya, nunca más volvió a darme la cara” (página 104). Después, a Yidis le ofrecen un pozo petrolero (pág. 109) y ya el chiste se cuenta solo. A raíz de estos hechos fueron a parar a la cárcel cercanos colaboradores de Uribe, entre ellos Diego Palacios, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez, el Secretario General de la época.

De secretario a Secretario:

Alegó Alberto Velásquez que su papel se limitó a adelantar algunas llamadas a los mencionados Yidis y Teodolindo. Pero en su confesión Yidis lo menciona activo en la reunión del 2 de junio y durante el proceso. Él es quien confirma en el computador lo que tiene en burocracia Horacio Serpa y que le ofrecen a Yidis para que cambie el voto aquel día. Y es él quien los “gestiona”.

Precisamente el nombre con el que se conoce a quien cumple desde Palacio de Nariño la función de distribuir “mermelada” en sus diversas modalidades, cuotas y “cupos “indicativos”, es “El hombre del computador”, generalmente en la Secretaría General o Privada del Presidente. Claro, tienen asistentes y colaboradores menores, pero incondicionales y con una misión clara: mantener la “gobernabilidad” con razones, halagos o métodos nada ortodoxos. Debe diferenciarse de otro personaje también con frecuencia muy activo en los pasillos del poder, encargado de repartir dádivas y sobornos a nombre del sector privado, “El hombre del maletín”. Aunque con frecuencia son complementarios. Odebrecht, por ejemplo, tenía un hombre del maletín que sobornaba a Otto Bula para que a su turno distribuyera entre funcionarios del gobierno de Uribe. Después hizo lo propio con funcionarios de las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, según ha trascendido.

La cosa no es nueva. Antes, durante el período de Ernesto Samper también quedó en evidencia que habían coincidido algún otro “Hombre del maletín”, el periodista Alberto Giraldo (puesto al descubierto tras un allanamiento al contador del cartel de Cali, Guillermo Pallomari) en tratos con el tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina. Samper, quien adujo que todo había ocurrido a sus espaldas, designó como su propio hombre del computador a quien ya había encubierto el ingreso de los dineros ilícitos a su campaña, Juan Manuel Turbay, para que manejara las dádivas al Congreso durante el Proceso 8000.

Juan Manuel Turbay debió mostrar temple y decisión, pero también una reserva muy similar a la que reclamaban las mafias sicilianas bajo la “ley del silencio” u Omertá, cuyos relatos fueron magistralmente llevados al cine por Mario Puzo. Al final Juan Manuel Turbay fue condenado igual que el otro Secretario General 18 años después, Alberto Velásquez. Éste, que venía de ser Peñalosista, éste que había hecho discursos “tecnocráticos” y de pseudo pedagogía ciudadana. Éste que también pontificaba y que se creyó algún día intocable en el poder.

Las Secretarías General y Privada de Palacio parecen reclamar pues un perfil. Personas dispuestas a hacer pactos, cuidar la información y mantener la gobernabilidad del poder a toda costa. Personas capaces de ocultar, desviar, maniobrar y engañar. Y que se creen inalcanzables, aunque como suele ocurrir en la historia, no siempre resulten tan ilesos.

Ya entendemos por qué tenía que irse María Andrea Nieto del SENA. Obligado a escoger, Juan Manuel Santos prefiere a quien le garantiza la continuidad y su propio status quo, no a quien venga a reclamarle la verdad. Pero la verdad a veces es tozuda y sale a flote, aunque el poder insista en sofocarla.

 

CONTINUARÁ….

Cali, 7 de noviembre de 2017

 

Ver “Auc S.A., el Holding paraco”, Maria Elvira Soto, 2007.


ANEXOS:

EL PODER PARA QUE

CONFIESO

 

PARA ENTENDER MÁS EL TUMBIS AL PRESUPUESTO

 

Sobre el nuevo recorte al presupuesto del SENA (II)

Por: Wilson Arias

Los trabajadores y pensionados saben que cuando sus salarios o mesadas crecen por debajo de la inflación, en realidad le están aplicando una merma, de modo que ahora podrá comprar menos artículos que antes, o el mismo número pero de menor calidad. Algo similar le está ocurriendo al SENA: sus presupuestos vienen creciendo por debajo de los costos asociados a la actividad educativa que adelanta la institución.

Ya sabíamos que para el año siguiente el SENA ha proyectado sus rentas en $3 billones, 910.000 millones de pesos, pero que arbitrariamente el gobierno las ha solicitado al Congreso por tan solo $3 billones, 358.819 millones, 664.961 pesos ($551.180.335.039 pesos menos). Dice el gobierno que este presupuesto es en todo caso superior a los $3 billones 306.023 millones, 352.467 pesos que el SENA tuvo como presupuesto para el año 2017.

El tema merece atención en dos sentidos. Primero porque la afirmación gubernamental en sí misma es falsa ya que, aunque existe un incremento nominal del 1,6%, en términos reales hay una disminución, si tenemos en cuenta que el Índice de Costos de la Educación Superior (aplicable al SENA en este caso) en el primer semestre de 2017 ya va en 3,62%. Quiere ello decir que el incremento proyectado para 2018 no alcanza a recuperar ni siquiera lo que subieron sus costos durante ese primer semestre de 2017. En total, va perdiendo por ahora el 2,02% de su presupuesto en términos reales.

El otro problema responde a esta delicada pregunta: ¿Cómo hace entonces el SENA para ampliar año tras año y por décadas su oferta educativa? ¿Y cómo hizo para crecer sus metas muy por encima del crecimiento de sus presupuestos? ¿Se logró mejorando cada año, a enormes y sostenidos rangos la “eficiencia”? No le demos vueltas, durante algunos años el SENA tuvo mayores presupuestos, pero las desbordadas metas siempre las cumplió, básicamente: 1) mermando la calidad de la formación, 2) mediante artificios estadísticos, y 3) afectando los derechos de su comunidad educativa. La simulación, la manipulación estadística, los cambios en las mediciones y formas de registro, la certificación múltiple, la reducción en la duración de cursos, etc. no cesan, en línea con indicadores heredados de gobiernos autoritarios y especializados en publicidad engañosa. ¿Recuerdan cuando certificábamos como cursos de formación los torneos de microfútbol de un Centro de Formación? ¿o cómo se enviaban certificados a personas que no terminaban sus cursos? ¿o la forma en que convertimos los cursos de Trabajador Calificado en educación superior, sólo por cumplir una orden esa sí superior (del “innombrable”)? ¿o cuando impartíamos cursos sin registro calificado? ¿o el modo en que certificábamos eventos menores de divulgación tecnológica?. Mañas y lógicas uribistas que se instalaron y aún operan, pero ahora bajo el auspicio arribista de ingresar a la OCDE y con el silencio complaciente de los organismos de control.
 
Volviendo al presupuesto, ya habíamos establecido que el gobierno no presupuesta el monto total de rentas con destino al SENA (para el próximo año ha solicitado $551.180 millones menos de lo que le corresponde), y que mediante ese ardid le ha tumbado a la entidad más de 2 billones de pesos en los tres últimos años. Cualquiera sea el nombre que se le dé (el ingenioso Alfonso Prada quiso volverlo un debate semántico), Congreso y Gobierno le esquilman a la entidad anualmente recursos que el gobierno se embolsilla.

Nos falta aún por explicar otro de los actos que hacen parte de la “liturgia para desangrar anualmente al SENA”, aquel que se conoce con el nombre de “los aplazamientos”. El tema se reduce a que, una vez aplicadas las anteriores medidas contra la institución, puede ocurrir que cuando ésta se encuentra ejecutando sus recursos, recibe la orden de suspender la inversión de otra parte de lo que le resta de presupuesto. ¡La tapa!

A esto se le conocía antes con los nombres de “congelamientos” o “recortes”. Consiste en que el Gobierno recibe una mala calificación de ciertos organismos internacionales o la “recomendación” (léase imposición) de las “multilaterales de crédito” que le piden ahorrar aún más. El gobierno presenta ante los congresistas una iniciativa de “aplazamiento” (en la práctica otra reducción) de los presupuestos que aún no han sido ejecutados. Se dan nuevos forcejeos (otra vez depende de quien se haga escuchar y sentir) y los gerentes, directores y rectores hacen tibias declaraciones, e incluso la mayoría hace mutis por el foro.

Agreguemos que tales “recortes” disfrazados fueron juzgados ilegales por las altas cortes hace años, pero siguen siendo aplicados al SENA con nuevos nombres.

Lo cierto es que cada uno de estos ritos anuales contra el presupuesto de la entidad también han sido derrotados en distintos momentos. Dos de sus más significativas luchas las adelantó la comunidad educativa bajo los gobiernos de Pastrana y Uribe. Gracias a esas batallas el SENA multiplicó su presupuesto durante un período. Pero hoy quisiéramos recordar que en otras épocas, eran los directores generales y “gerentes regionales” los que encabezaban una verdadera y enérgica defensa del presupuesto y recursos del SENA. Y en ocasiones también los exdirectores se han pronunciado en rechazo de las medidas contra la entidad. Por estos días unos y otros guardan candoroso silencio cuando no se solidarizan con el gobierno y hasta envían al ESMAD para que repriman las movilizaciones.

Ahora que un exdirector deambula por sus pasillos, que bueno sería que ilustrara al inquilino del Palacio de Nariño y le explicara que el SENA no pueden seguir siendo sacrificado en los altares de la “austeridad inteligente” y a solicitud de la OCDE y las “calificadoras de riesgo” hoy, lo mismo que del FMI y el BM ayer. El tiempo apremia, exdirector. Y no sería mucho pedir.

Septiembre 1 de 2017

   

LA FUENTE DEL AGUA QUE HOY VENIMOS A BEBER

 

Damos la bienvenida a deportistas del SENA y visitantes a nuestra regional, en los XIX Juegos Deportivos Nacionales de Funcionarios. Con enorme satisfacción los recibimos, les abrazamos y les compartimos varias conquistas que por estos días estamos materializando.

En medio de la celebración por la nivelación salarial y el aumento de la planta de personal, un trabajador nos hizo llegar un hermoso y agudo proverbio: “Cuando bebas agua, recuerda la fuente”. Y de esa recordación queremos participarte:

Porque una de nuestras recientes conquistas fue precisamente la defensa y ampliación del rubro de bienestar a los funcionarios, relegado por muchas administraciones...

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EL SENA Y LA CONTRACORRIENTE

 

La actual defensa del SENA y su reconocido esfuerzo por el crecimiento de la planta de personal y por la nivelación salarial, tiene unos antecedentes que dejan lecciones para sintetizar y aprovechar. Comprender ese historial se vuelve vital, no tanto para desenredar la respuesta de la actual Directora General del SENA, sino para interpretar en un sentido más general la versión del gobierno, que realmente tiene origen en los organismos multilaterales de crédito (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), agentes de ciertos clubes de países ricos, dispuestos siempre a vender sus recetas como el único camino posible.

Los hechos demuestran que sus recetas frente a las sucesivas y previsibles crisis económicas: 1) son cuestionables, 2) que su adopción no es un problema meramente técnico o neutro, y 3) que pueden ser modificadas según el nivel de resistencia que ofrezcan los sectores sociales que resultan afectados por ellas. En ese sentido el asunto va más allá de sus aspectos técnicos y se adentra en el problema de quién debe pagar la crisis. La cuestión es establecer cuáles son los intereses en juego, quiénes y de qué manera resultamos afectados, para el caso del SENA, como institución, como comunidad educativa integrada por trabajadores, estudiantes, egresados, pensionados y familiares, pero también como ciudadanos tocados por los tributos, las tarifas, el costo de vida, la inversión social, etc.

TUMBARLE PLATA Y PLANTA AL SENA

Cada cierto tiempo, el SENA ha debido enfrentar medidas reiterativas o de corte similar. Ello porque a cada oleada, etapa o ciclo de reformas que le imponen al país, se agregan unos paquetes de medidas para enfrentar las sucesivas crisis que genera el modelo, todo lo cual atiende a un conjunto de propósitos de mediano y largo plazo (el norte de esta etapa ha sido el “Consenso de Washington”), objetivos que unas veces son reservados o velados y otras veces son explícitos, pero siempre favorables al interés de los países “centrales”, de las transnacionales y del sector financiero global.

Superado el trance de la última reforma tributaria, que nos dio para traer la aguda polémica de inicios de los 80 sobre los recursos del SENA (ver “Para el debate sobre la destinación específica de las rentas del SENA”, en  goo.gl/krzerz ), llegó el momento de ocuparnos más en detalle de algunas medidas económicas adoptadas por el gobierno de Andrés Pastrana Arango, cuando el modelo económico entró en su primera gran crisis. No nos vamos a detener en los varios asuntos pedagógicos y de la política educativa que fueron objeto de amplia controversia. Este documento apunta exclusivamente a dar elementos para entender el actual desenlace de la situación presupuestal y de planta de la entidad.

Después de que Pastrana aceptara los términos del Acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional en 1999, se hizo más evidente que la política de reducción del gasto público (que afectó severamente a nuestra entidad) era selectiva, orientada a castigar tanto la inversión social como el fomento y apoyo a la producción nacional, de modo que se pudiera privilegiar el pago de otro gasto, el de los intereses y el servicio a la deuda pública y privada[i] , que tanto desvela al capital financiero internacional.

El documento lo decía claramente en su numeral 19: “Para ayudar a alcanzar sus objetivos fiscales, el Gobierno Central ejercerá estricto control sobre sus gastos diferentes al pago de intereses. Más claro no canta un gallo.

Para reducir ese gasto se proyectó la reforma al Sistema General de Participaciones (Acto Legislativo 01 de 2001) que mermó la inversión del Estado en salud por $10 billones y en educación por $14 billones. También implicó recortar la planta de personal de varias instituciones, entre ellas el SENA, donde eliminaron 1.171 cargos de los cuales 850 eran de instructores, a través del Decreto 2351 de 1999. Para coadyuvar con los indicadores fiscales impuestos a Colombia, a la institución le aprobaron presupuestos de ingresos mucho menores a los aportes parafiscales que ella podía recaudar; se le recortó y congeló ese presupuesto así aprobado y se le obligó además a constituir y mantener voluminosos Títulos financieros (otra especie de “reservas” exigidas al gobierno central por la banca Internacional).

De otro lado, a este Establecimiento Descentralizado se le agregaban funciones a cargo de otras instituciones o sistemas (de Ciencia y tecnología, de Desarrollo tecnológico productivo, de Incubación empresarial y cada vez más, del Ministerio de Educación), para liberar recursos del gobierno central y “ayudar a alcanzar sus objetivos fiscales”. Por ello mientras al SENA se le imponía la denominada Integración educativa (después convertida en Articulación educativa), en la educación formal se sacrificaban los CASD y especialidades de la educación media técnica.

Pero en general estas políticas no empezaron con Pastrana Arango, sino con la aplicación de nuevos objetivos impuestos bajo el mismo viejo e injusto Orden Económico Internacional. Y las reformas no sólo se aplicaron en materia fiscal, sino que se extienden a las cuestiones monetaria y cambiaria, laboral, pensional, tributaria, etc. Nótese que también estas son bastante reiterativas o en cada etapa responden a una lógica bastante descifrable.

Advirtamos que entre las distintas formas de esa odiosa dependencia (en materia comercial, científica, tecnológica, etc.), el endeudamiento se ha convertido en una de las más eficaces para mantener ese orden económico. Porque los elevados montos de la deuda sirven para chantajear a los países dependientes, en función del conjunto de determinaciones favorables a los países centrales, a las transnacionales y al propio sector financiero internacional.

PROPONEN “SISBENIZAR” EL SENA

El Acuerdo extendido vino a rubricar lo que ya se venía fraguando: despidos, reestructuración del sector financiero (incluida la liquidación de la Caja Agraria), ampliación del libre comercio y del régimen de inversión extranjera, nueva reforma tributaria, desmonte de subsidios a los servicios públicos y avanzar en la privatización, reestructuración o recapitalización de varias empresas y sectores (financiero, telecomunicaciones, eléctrico, petrolero, carbonífero) en los cuales tenían interés las transnacionales.

Algunas de estas exigencias (sobre privatizaciones, entre otras) fueron aseguradas también desde el componente de Ayuda Militar conocido como Plan Colombia, suscrito en 1999 con el gobierno de los estados Unidos. Nuestro país se sometía a tales imposiciones para obtener también recursos del programa de Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras (FMF) en el marco de la Iniciativa Andina contra las Drogas (ACI, por sus siglas en inglés), que a su turno acrecentaba la injerencia de los Estados Unidos en América Latina en el plano militar.

Otros compromisos han sido frecuentemente tramitados mediante orientaciones y convenios, por ejemplo con el Banco Mundial (en política de tierras, educación, formación para el trabajo, etc.) con grandes niveles de detalle. Para esa época denunciamos que el Banco Mundial recomendaba para el SENA la adopción de un sistema de Subsidio a la Demanda a través de vouchers (vales o bonos), mientras Alberto Alesina recomendaba que los recursos de la entidad se administraran mediante el SISBEN, el sistema más desarrollado de “focalización de la inversión social” (otro programa de focalización y subsidio a la demanda aplicado hoy en educación, lo conocemos con el nombre de Ser Pilo Paga). Vale la pena recordar que el Banco Mundial señalaba por esos días que el principal obstáculo para adelantar sus reformas, era la incidencia política y social que lograba SINDESENA, cuando el gobierno tramitaba las propuestas.

Pero la adversidad era grande. Para que se tenga una idea del arrodillamiento al que sometieron al país, rememoremos aquí otra ruda imposición del Acuerdo extendido: alegando la difícil situación económica de Colombia, el FMI le obligó a contratar otro crédito por 2.700 millones de dólares, pero que no podía gastar y debía mantener en caja y en el extranjero (otra “reserva”), para respaldar tanto un nuevo endeudamiento interno, como otro endeudamiento externo a través de la colocación de “bonos soberanos” en el mercado internacional.

SINDESENA PIDE LA PALABRA

SINDESENA organizó la respuesta desde su particularidad y acompañó la movilización general, sindical y ciudadana contra dicho Acuerdo extendido.

Por esos días respondimos a la embestida contra el SENA contenida en su Plan Estratégico, en un Documento CONPES (27.08.97) y en los anuncios sobre el Sistema Nacional de Formación Profesional y una nueva reestructuración de la entidad, con un documento de la organización sindical denominado “Por una modernización sin privatización” (junio de 1999), que da continuidad a dos anteriores: “El SENA que queremos” (1993) y “Documento CONPES y Plan estratégico: dos versiones, una sola política” (1997). En función de esas tesis abre el debate en distintas instancias internas y externas a la entidad.

Desde que agudizaron los mencionados recortes y “congelaciones” al presupuesto de la entidad se presentaron varias demandas por juristas demócratas, tres de ellas ganadas entre los años 1999 y 2000 por los abogados (padre e hijo) Roberto Hermida Izquierdo (quien había sido Presidente del Comité Prodefensa del SENA y vocero de Iniciativa Legislativa Popular que dio origen a la Ley 119/94) y Carlos Hernán Hermida Issa. SINDESENA desarrolla además la lucha callejera contra tal política y con los estudiantes recoge 1 millón 20 mil firmas dirigidas al Congreso de la República, con dos propósitos: primero, hacer pedagogía entre la población y ganar opinión ante el inminente Paro Nacional, y segundo, defender en el legislativo la vigencia de la Ley 119 de 1994, el Contrato de Aprendizaje también amenazado y el presupuesto del SENA. Movilización, lucha jurídica y en el legislativo, que rendiría algunos frutos. Según nos lo recuerda Roberto Hermida, ese esfuerzo jurídico, la incidencia en el Parlamento y la permanente disputa por la opinión pública, dieron en que la Magistrada del Consejo de Estado, Olga Inés Navarrete Barrero, dirigiera una carta al Consejo Directivo Nacional del SENA y al Ministro de Hacienda de la época, Juan Camilo Restrepo, explicando el contenido de los mencionados fallos y la necesidad de su perentoria aplicación.

Merece recordación la renovada polémica con el Ministro de Trabajo Hernando Yepes Arcila, en el marco del “diálogo útil” que se convocara tras el Paro Nacional adelantado en la entidad. SINDESENA presentó allí sustentados argumentos sobre muy diversos órdenes de la vida institucional, pasando por su concepción sistémica sobre el papel del SENA, su Misión y sus autonomías doctrinal, administrativa y financiera, hasta la elusión y la evasión de los aportes a la institución y el respeto al carácter parafiscal de aquellos. Uno de los logros de esos días, fue la limitación –en beneficio del SENA y del ICBF– de las facultades extraordinarias que le concedió el Congreso al Presidente Andrés Pastrana para liquidar, fusionar y reestructurar entidades del Estado.

LA NIÑA DE LOS OJOS DE URIBE VÉLEZ

Corrían los primeros días del gobierno de Álvaro Uribe y su nivel de aprobación era enorme, los factores reales de poder lo acompañaban, los medios, la iglesia, los magnates y los gremios económicos, pero también la clase media y los sectores populares, le daban férreo respaldo, que el Presidente aprovechó para jugar fuerte.

Jugar fuerte contra el SENA en el orden presupuestal significaba acrecentar sus afectaciones presupuestales. Sobre el particular se presenta una situación relativamente inesperada. Porque el Ministro de la Protección Social Juan Luis Londoño recogió parcialmente lo que ya era una verdad a gritos y señaló que el SENA estaba dejando de recaudar 400.000 millones  de pesos. Lo que implicaba que, si la institución había ejecutado 633.607 millones  de pesos en el 2002, podía presupuestar más de un billón en el 2003. No obstante, el Consejo Directivo que el propio Londoño presidía aprobó solicitar un presupuesto creciente pero que apenas ascendía hasta $795.000 millones. Y peor aún, el Ministerio de hacienda sólo aprobó presentarlo ante el legislativo por $430.000 millones, $200 mil menos que el ejecutado en el 2002, con lo cual le aplicaba una estocada terminal al SENA, vía estrangulamiento financiero (pues se le negaba todo el presupuesto de inversión y probablemente buena parte de sus gastos de funcionamiento), en función de no salirse de los objetivos fiscales diseñados desde el FMI.

Tal fue el tratamiento que desde inicios de su gobierno le daba Uribe Vélez a la institución que denominara “la niña de mis ojos”. La respuesta inmediata de la alianza entre trabajadores y estudiantes fue adelantar un Paro Nacional y reorganizar lo que denominábamos el lobby social hacia el parlamento. Ante la movilización desplegada, el Ministro Juan Luis Londoño hizo demagogia hasta el ridículo, alegando que se trataba de un “error de digitación” cometido por un joven en Planeación Nacional. Debido a nuestros reclamos, el Presupuesto creció, no hasta los $795.000 que el Consejo Directivo había solicitado, sino sólo hasta $551.000 millones, bajo el compromiso de complementarlo con una adición presupuestal. En suma, la intensa lucha desplegada por estudiantes y trabajadores permitió que al final del 2003 el SENA ejecutara $648.699 millones. Este monto, que supera en un 50% al presentado originalmente por Minhacienda al Congreso para ese año, significaba apenas un exiguo 2,18% de aumento sobre el presupuesto del 2002, aunque le permitió a la entidad mantenerse con grandes dificultades el primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Por esos días, el gobierno forzaba también un drástico crecimiento de metas de formación y anunciaba la entrega de la función del SENA a las Cajas de Compensación Familiar y hasta a la universidad Minuto de Dios. Los estudiantes y trabajadores documentan los métodos utilizados por la administración del SENA para elevar metas de formación con menores recursos (reducción y particionamiento de los cursos, pasar como formación lo que eran visitas técnicas al SENA certificar hasta a los asistentes a torneos de futbol en Antioquia); al tiempo, explican el desvío de recursos hacia la Incubación empresarial, al interés del Director Darío Montoya Mejía. El correspondiente debate legislativo alcanza enorme resonancia y contribuye a denunciar los artificios estadísticos utilizados por el gobierno en varios ámbitos (vivienda social, seguridad en carreteras, etc).

Al siguiente año el Presidente produce los Decretos 248, 249 y 250 de 2004, entre otras para cumplir las metas de gasto público fijadas con el FMI, esta reestructuración elimina 1.116 cargos de su planta de personal. Los trabajadores del SENA pagaron con despidos y lágrimas la popularidad de Uribe Vélez.

Pero la reestructuración atendía a la finalidad general, ya diseñada desde 1989 de convertir al SENA en entidad chequera, desmontar la Unidad Técnica y flexibilizar los parámetros que ella centralizaba, por la vía de una drástica desconcentración y descentralización; por esa misma vía, entrega funciones a los jefes de centro para que cobren la formación que imparte el SENA (desmonte de la gratuidad) y para que suscriban convenios con terceros a libertad.

El propósito queda plenamente confirmado cuando meses después el gobierno aprueba un nuevo documento CONPES (del 26.07.2004) disponiendo que el SENA, a partir de la vigencia 2006, “atienda aproximadamente el 70% de sus alumnos a través de (…) convenios, alianzas o contratos” (ver página 14). Y agregaba el documento que para el efecto el SENA debería abrir convocatorias semestrales entre los entes colaboradores acreditados.

Desde luego que esta medida significaba el acabose, la completa e inmediata privatización de la gestión del SENA y su conservación de nombre, bajo la forma de “entidad chequera” ya impuesta a entidades homólogas en América Latina. Tal el efecto adicional buscado por el FMI y el BM, que auspiciarían abiertamente las “modalidades de TLC educativo”: franquicias, migración de estudiantes,  establecimientos, proveedores transfronterizos de servicios educativos, etc.

RECUPERAR LA PLATA PARA GANAR LA PLANTA

Para contener la andanada que significaba toda esta política ahora urgida con fechas inapelables, SINDESENA continuaba ocupado de disputar por la opinión pública y adelantar su intenso lobby parlamentario, tanto que a la fecha ya había presentado otro memorial al Congreso de la República acompañado esta vez por un millón 150 mil firmas.

Pero un año atrás, algunos congresistas habían radicado un Proyecto de Ley “de fortalecimiento del SENA”, radicado bajo el número 157 de 2003. Enterado de su trámite, SINDESENA solicita coadyuvar la redacción del mismo, con lo cual logra dejar planteado en el Congreso un completo análisis de la situación del SENA, que avanza en el acervo de crítica a las amenazas contra el SENA. Después auspicia con sus ponentes el Lobby social mediante varios Foros Regionales en clave de llegar a los Congresistas y sociedad civil desde las regiones. La exposición de motivos del Proyecto se propone controvertir las razones y conveniencia de la restructuración recientemente aplicada, pero adicionalmente reclamar fuertemente por la afectación de los pilares del funcionamiento institucional: la estructura orgánica, la planta de personal y el presupuesto objeto de sucesivos recortes y desvíos presupuestales, la asignación de funciones de otras entidades y, de nuevo, abogar por el respeto a la parafiscalidad de las rentas del SENA. Recomendamos la lectura atenta de ese importante documento, que se encuentra a disposición en la página web de SINDESENA).

El persistente esfuerzo adelantado desde el Acuerdo extendido y la opinión alcanzada por esos días a distintos niveles, logra un acontecimiento que no aparecía entre los planes del alto gobierno ni en los cálculos de los organismos multilaterales de crédito. La defensa del SENA logra que se produzca una advertencia similar a la que antes elevara la Magistrada Olga Inés Navarrete en defensa del Presupuesto del SENA, pero ahora dirigida por el Procurador General de la Nación en ese período, Edgardo Maya Villazón, al Ministro de Hacienda de la época, Alberto Carrasquilla, recordándole la existencia de las sentencias antes mencionadas, pero avisándole esta vez que el funcionario que reprodujera el contenido de esos actos sobre los cuales existían varios fallos, quedarían incursos en causal de mala conducta pues sobre el tema había cosa juzgada.

El nivel del debate y movilización, la jurisprudencia lograda y las sucesivas advertencias del Consejo de Estado y de la Procuraduría, consiguen entonces que se corrija la tendencia presupuestal del SENA en respeto a los fallos de las Cortes y el Presupuesto de la entidad empieza a observar un importante crecimiento. Así que el gobierno que inició estrangulando financieramente a la entidad, se vio obligado a permitir que el presupuesto se multiplicara en más de tres veces al final de esos ocho años de ingrata recordación. Y aunque hoy seguimos enfrentando la lesiva entrega de más de 100 mil millones a terceros mediante convenios y ampliación de cobertura (monto que ha venido creciendo desde antes del Decreto 2149 de 1992, cuando era bastante modesto), la meta de entregarles el 70% del Presupuesto del SENA tuvo que suspenderse en los hechos (si se conservara, a la fecha el SENA debería aplicar cerca de 2 billones 300 mil millones a dicha tercerización). Tampoco ha podido el gobierno aplicar el cobro de la formación dispuesto por la reestructuración “descentralizadora” de Uribe Vélez.

EN PUGNA POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Lo demás es historia más reciente, sobre la cual no profundizaremos. Ya sabemos que Juan Manuel Santos ha legislado para mantener la línea de sus antecesores. Su primera gran agresión a la institución consistió en presentar su presupuesto en el rubro de educación superior, con lo cual le cambiaba de tajo, en cuestión de días, la Misión a la entidad. Después, en la primera reforma tributaria atentó contra los ingresos parafiscales del SENA y en la segunda lo hizo contra la destinación específica que finalmente le preservó la anterior. Tal condición de sus rentas y el piso presupuestal conseguido en el Congreso, obedece por entero a la lucha de esa misma alianza que ha salvaguardado a la entidad durante todos estos años. También ha continuado el gobierno Santos con la maniobra de aprobar un presupuesto de ingresos inferior a la capacidad de recaudo de la DIAN para el SENA, con la posterior congelación de parte de su presupuesto, etc. Tal cual lo describíamos al explicar las trapisondas de Pastrana. 

Pero vamos al punto: lo realmente nuevo del período es nuestro objetivo de convertir la multiplicación del presupuesto ganado anteriormente, en un crecimiento a escala de la institución, que armonice sus factores fundamentales, que reordene y equilibre varios elementos sobre los cuales descansa una Formación profesional de alta calidad para los trabajadores colombianos. Nos referimos a sus talentos, a su panta de personal, sus recursos físicos, sus dotaciones a distintos niveles, su salud y seguridad en el trabajo, sus materiales y equipos, su estructura orgánica, su investigación, los instrumentos adecuados para relacionarse con la sociedad y el aparato productivo, el bienestar de su comunidad educativa, el contrato de aprendizaje para sus estudiantes, en fin, que el SENA acceda a una modernización progresista, democrática y que ofrezca a los trabajadores una verdadera formación profesional integral. Y desde luego que en el orden pedagógico desmonte la formación basada en competencias, que discuta los modos y modalidades de atención del SENA y la pérdida de lo específico de la formación profesional destinada al cumplimiento de la Misión institucional.

Para ello no nos basta ya con haber impedido la aplicación plena de algunas normas que incluso a la fecha están vigentes. Su inaplicación práctica demuestra la legitimidad que ha ganado en el tiempo nuestra resistencia y la capacidad de incidencia de esa alianza estudiantes – trabajadores del SENA. La ampliación de la planta de personal puede ampliar la capacidad de lucha de los trabajadores. Para ello debemos elevar nuestros niveles de organización. Pero lo uno y lo otro tiene como finalidad avanzar en ese fortalecimiento institucional al que ya le estamos apostando desde nuestros pliegos de peticiones.

Debemos explicar a la comunidad educativa que los avances verificados por estos días, se dan a contracorriente del modelo económico, de la política gubernamental y aún de las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito. Lo cual demuestra que tales políticas no son inalterables. La historia que aquí contamos, puede aportar lecciones importantes y desmentir versiones acomodaticias de la realidad. Una primera: las conquistas de estos días no son regalo, son obra de nuestras propias ejecutorias. Una segunda: la conquista del SENA que queremos también será obra de su comunidad educativa, pero requiere el respaldo y movilización del conjunto de trabajadores colombianos, dispuestos a cambiar el modelo y las actuales tendencias del capital.

Bogotá, junio 28 de 2017

Wilson Arias Castillo
Egresado SENA


[i] Más de fondo se pretende desmontar la función social del Estado y declinar su capacidad de intervención sobre la economía, para entregarlo todo a la ley de la selva del mercado, a la mercantilización generalizada.

   
 

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